jueves, 24 de enero de 2013

Modelo de welfare y servicios sociales en la crisis sistémica del capitalismo cognitivo


Carlo Vercellone

La crisis actual es una crisis sistémica del capitalismo cuya resolución exige un proceso de transformación social capaz de redefinir radicalmente las reglas de distribución y las normas y la finalidad social de la producción. Esta crisis es expresión de la contradicción estructural entre la lógica de un capitalismo cognitivo financiarizado y las condiciones sociales e institucionales necesarias para el crecimiento de una economía fundada en el conocimiento así como de la indispensable preservación del equilibrio ecológico del planeta.

Algunos observadores hicieron inicialmente una apuesta donde el fracaso sin apelación de un modelo de crecimiento dirigido por las finanzas de mercado y por las políticas neo-liberales de reforma del Estado social abriría las puertas a un nuevo New-Deal. El capital, en su propio interés, habría estado obligado en definitiva a tomar conciencia de la necesidad de un nuevo compromiso capital-trabajo, capaz de conciliar capitalismo, conocimiento y economía del conocimiento, resolviendo al mismo tiempo los desequilibrios inherentes a las desigualdades en la distribución de la renta, escasez de la demanda e inestabilidad de las finanzas. Las razones que justifican un fuerte escepticismo con respecto a esta tesis nos parecen ampliamente confirmadas a partir de la evolución de la crisisii. Pero el redescubrimiento de las virtudes de las políticas keynesianas se detuvo ante el umbral de una serie de medidas urgentes que permitieron salvar el capital, socializando las pérdidas y evitando que la economía mundial desembocara en una espiral deflacionista similar a la de 1929. Para el resto todo debe volver como antes, o casi como antes. El mismo regreso con fuerza de la intervención del Estado está hoy cada vez más claramente puesto al servicio de la continuidad de las políticas neoliberales, de desmantelamiento de los sistemas de bienestar, de privatización de los servicios públicos y de precarización de la fuerza del trabajoiii.

Prueba de ello es el modo en como la misma transformación del endeudamiento privado en deuda pública que se hizo necesario para evitar el colapso del sistema de crédito y relanzar la economía, pasa a ser hoy el eje de una nueva y violenta ola especulativa de los mercados financieros y el pretexto para imponer políticas de drásticos recortes del gasto público. Después de haber tomado como rehén, bajo la amenaza de un colapso de todo el sistema de crédito, a los bancos centrales y a los gobiernos, obteniendo concesiones asombrosos e incondicionales, el capital, revitalizado por la segura impunidad y eficacia de las amenazas que puede producir, toma hoy nuevamente de rehén al conjunto de la sociedad a fin de dictar, sin condiciones, una nueva aceleración del proceso de expropiación del común y de expansión sorda de la burbuja parasitaria. Hay que señalar que esta evolución de las políticas económicas no sólo es socialmente injusta sin que corre el riesgo de avivar ciertas causas de la crisis relacionadas con la escasez de demanda. Ella es también profundamente miope desde el punto de vista de la eficiencia económica a largo plazo en lo relativo a las condiciones socio-institucionales que garanticen el desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Se abre así una nueva fase de la crisis en la que, como observa Frédéric Lordon, "el contraste entre capital y trabajo nunca no ha sido tan claroiv. Una nueva etapa de la crisis, con un marcado ascenso del desempleo y del encadenamiento de políticas de austeridad que despertarán conflictos sociales cada vez más agudos y condiciones de una profunda inestabilidad política; configuración donde el caso de Grecia y las divisiones que suscita en Europa no son más que el primer terreno de experimentación. Su apuesta a ganar remite cada vez más a una alternativa tan simple como radical: la de la lógica de un capital incapaz de reformarse a sí mismo y que parece enceguecido, como la aristocracia del ancien régime, de su sola voluntad para preservar en el corto plazo la renta y la fuerza colectiva de un proletariado precario y cognitivo capaz de elaborar un modelo de desarrollo de salida del capitalismo en crisis.
En este contexto, el objetivo de este artículo es de mostrar que, contrariamente al credo neo-liberal, los gastos y los servicios sociales del Welfare no pueden ser considerados, de manera restrictiva como un coste cuya financiación dependería de un giro efectuado por la riqueza creada por el sector privado (pensado erróneamente como el único sector productivo de riqueza). Gastos y servicios colectivos del Welfare deberían ser reconocidos como los factores motores de una dinámica de desarrollo basada en producciones intensivas en conocimiento y de una economía en que la principal fuerza productiva esté representada por la calidad intelectual de la fuerza de trabajo (o como es costumbre decir, tras la ambigua expresión, por el capital humano).

El artículo se desarrollará en dos partes. En la primera parte, presentaré una serie de hechos de realce que ponen de manifiesto en el plano macroeconómico y social el papel clave de las instituciones del Estado social, su génesis, desarrollo y la reproducción de una economía basada en el conocimiento (EBC)
En la segunda, estas consideraciones generales serán confirmadas y precisadas mediante una comparación internacional entre el modelo nórdico y el modelo anglosajón neoliberal de bienestar. Esta comparación hace surgir una correlación positiva fuerte entre el nivel de desarrollo de las instituciones del Estado social y el de una EBC; esto nos proporcionará al mismo tiempo otro enseñanza crucial para una política de bienestar: un débil nivel de desigualdad social y de género es un factor eminentemente favorable para la adopción de formas de organización del trabajo más avanzadas y para la capacidad competitiva de un sistema económico. En conclusión, mostraremos cómo alrededor de las cuestiones centrales de los servicios colectivos y del salario social se define la alternativa entre dos modelos polares de desarrollo y de regulación de una economía basada en el conocimiento.

1.      El papel motor de las instituciones del Estado de bienestar-Welfare State- en el desarrollo y la reproducción de una economía basada en el conocimiento.

Para analizar la función crucial desempeñada por las instituciones del Welfare-State en el desarrollo y la reproducción de una Economía basada en el conocimiento, hay que partir de un de importancia frecuentemente evocado por la teoría económica de una Economía basada en el conocimiento (EBC). Se trata de la dinámica histórica a través de la cual la parte de capital llamado intangible (I+D, programas informáticos, software, pero sobre todo educación, formación y salud) ha superado la parte del capital material en el stock global de capital y es ahora el factor principal del crecimiento económico y de la competitividad. La interpretación de este hecho de importancia tiene cuatro significados principales y estrictamente articulados no solo para comprender mejor el papel de los servicios sociales y colectivos del Welfare, sino también el sentido profundo y encubierto de las políticas que proponen su privatización.

El primer significado es que la tendencia al aumento de la parte del capital intangible está estrechamente vinculado al desarrollo de los servicios colectivos y las prestaciones del Estado social. Son estos servicios colectivos los que han permitido el desarrollo de una escolarización de masa y una formidable elevación del nivel medio de formación de la fuerza de trabajo. Es lo que mostró la formación de lo que podemos definir una intelectualidad difusa o una inteligencia colectiva: eso es lo que explica en efecto, la parte más significativa del aumento del "capital llamado intangible", que representa hoy el elemento esencial del crecimiento y la competitividad de un territorio.

El segundo significado es que el llamado capital intangible corresponde, por tanto, esencialmente, a las calidades intelectuales y creadoras incorporadas en la fuerza laboral. A pesar de la distorsión introducida en términos como capital intelectual, capital intangible o capital humano, no se trata de capital sino de la expresión de una fuerza social y cooperativa de trabajo cognitivo e inmaterial en la producción de valor y de riqueza. De ello se deduce, a nivel de las empresas como de la sociedad, la afirmación de un nuevo primado del conocimiento vivo movilizado por el trabajo, con relación a los conocimientos muertos incorporados en el capital fijo y en la organización gerencial de las empresas. Dos tendencias muestran el alcance y la puesta en juego de esta transformación en una economía basada en el conocimiento. Por un lado, en el plano micro-económico, la importancia de las actividades y las formas de organización del trabajo basadas en una división taylorista, pierden su centralidad y se encuentran relegadas a una lógica de la competencia basada en los precios. En una economía basada en el conocimiento –donde la fuente de creación del valor se sitúa cada vez más por fuera de las esferas de la producción directa – este papel central está cada vez más vinculado a las actividades basadas en una división u organización cognitiva del trabajo. En este marco, la eficiencia productiva no se basa más sobre la reducción de tiempos operativos necesarios para cada una de las ocupaciones. Ella se basa en el conocimiento y la polivalencia de una fuerza de trabajo capaz de maximizar el aprendizaje y la adaptación a una dinámica de cambio continuo, enmarcada en una lógica de la competencia basada en la calidad y la innovación.

Por otro lado, en el plano macro-económico, esto significa que las condiciones de la reproducción y la formación de la fuerza de trabajo se han convertido directamente en productivas y, parafraseando a Adam Smith invirtiendo la conclusión, la fuente de la riqueza de las naciones se encuentra hoy cada vez más por fuera del sistema de las empresas. En otros términos, el factor principal de la competitividad y de la fuerza lde atracción en un territorio, depende cada vez más de los llamados factores colectivos de la productividad (nivel general de la educación y de formación de la fuerza de trabajo, calidad de las infraestructuras y de la investigación, etc). Ahora, estos factores colectivos de la productividad son producidos principalmente por los servicios públicos y colectivos del estado bienestar y explotados gratuitamente por las empresas, en particular por las multinacionales, que se benefician de este modo de una renta, sin haber contribuido de ninguna manera a su constitución. Observamos también de manera inmediata que estas constataciones tienen una implicancia extremadamente importante para una política de desarrollo territorial y de bienestar. Uno de las enseñanzas más importantes que nos ha facilitado el análisis de la dinámica del capitalismo cognitivo es que es más conveniente dar prioridad a una política de inversión y de prestaciones sociales centradas en las personas y en el desarrollo de los factores colectivos de la productividad, que una política de facilitaciones fiscales y sociales y de subvenciones “hundidas” en las empresas. ¿Por qué? Por el hecho de que, en la nueva división internacional del trabajo, es la presencia y el desarrollo de una plataforma de trabajo altamente calificada lo que constituye, en última instancia, el factor esencial de la localización en el largo plazo, sobre un territorio, de las empresas y las actividades productivas intensivas en conocimiento, mayormente creadoras de valor agregado. Los territorios especializados en actividades de tipo taylorista o, en cualquier caso, vinculados a una competencia basada en los costes, son sometidos a una fuerte movilidad del capital. En este caso, como ha ocurrido recientemente en Francia,-donde han surgido conflictos sociales causados por la multiplicación de despidos "producidos por la Bolsa" o por las deslocalizaciones de las instalaciones productivas que también producían beneficios- las empresas siguen en efecto, a menudo estrategias depredadoras, estrategias que las conducen a abandonar un territorio tan pronto como llega a su término el período en el que se benefician de diferentes formas de subsidios fiscales y sociales, o cuando en otro territorio se opera una política de dumping fiscal y social más atractiva.

El tercer significado es que, contrariamente a una idea extendida, los verdaderos sectores motores de una economía basada en el conocimiento no se encuentran en los laboratorios privados de I&D. Este papel motor es desempeñado por lo que se puede llamar la producción colectiva del hombre por el hombre (salud, educación, investigación pública y universitaria, etc. ), facilitada tradicionalmente por las instituciones del estado de bienestar según una lógica no mercantil. Este elemento es sistemáticamente dejado de lado por los economistas mainstream y de la OCDE, y esta omisión es tanto más sospechosa cuando se asiste a una extraordinaria presión para privatizar estas instituciones. La explicación de esta forma está vinculada al papel estratégico que tiene cada vez más para la valorización del capital el control biopolitico y la colonización mercantil de las instituciones del Estado de bienestar. Salud, educación, formación y cultura no sólo forman los modos de vida y las normas de consumo, sino que también representan una parte creciente de la producción que hasta ahora, al menos en Europa, está principalmente garantizada por fuera de la lógica del mercado. En particular, conviene observar en este sentido como en los países de capitalismo avanzado frente a fuertes tendencias estancacionistas, los únicos sectores donde, en el contexto de la crisis, se registra un crecimiento constante y fuerte de la demanda social, son precisamente los de la salud y la educación. Estos factores, mucho más que cualquier otro tema relativo a una supuesta eficacia superior de una gestión fiscalista, permiten explicar la presión extraordinaria ejercida por privatizar los servicios colectivos del Welfare.

Ciertamente, la extensión de la lógica mercantil en estos sectores es teóricamente posible. Sin embargo, la salud, la educación y la investigación corresponden al mismo tiempo a los sectores clave de una EBC y a las actividades en las que la lógica de la mercantilización no se puede aplicar si no al precio de desigualdades insostenibles y de una drástica disminución en la eficacia social de estas producciones. También en este caso, como para los bienes del conocimiento, la subordinación de estos sectores a la lógica mercantil y del beneficio no puede conducir más que a una escasez artificial de los recursos en función de la demanda solvente y a una desestructuración de las fuerzas creadoras de la base del desarrollo de una economía basada en el papel motor del saber y de su difusión. Tenemos aquí una de las manifestaciones más significativas de la crisis de la ley del valor. Su permanencia se apoya mucho más en una pura lógica rentística de la explotación vaciada de todos aquellos elementos progresivos (el desarrollo de las fuerzas productivas como instrumento de reducción de la escasez) que, en ciertos aspectos, habían caracterizado, en el capitalismo industrial, la producción de mercancías materiales standardizadas.

En particular, tres factores vuelven, en el plano macro-económico y social, totalmente improductivas la extensión de la racionalidad capitalista basada en el beneficio en la etapa de la producción del hombre por el hombre. El primero está vinculado al carácter intrínsecamente cognitivo y afectivo de estas actividades donde el trabajo no consiste en actuar sobre la materia inanimada, sino sobre el hombre mismo en una relación de coproducción de servicios (que debe garantizar al mismo tiempo un principio de igualdad basado en los derechos de ciudadanía). Por ejemplo, en el trabajo de cuidado o de formación, los criterios de eficacia económicos y sociales no pueden ser puramente cuantitativos, sino que deben tomar en cuenta toda una serie de variables cualitativas que la contabilidad analítica empresarial es incapaz de incorporarlas sino como costes o tiempos muertos improductivos. El segundo factor está ligado a las profundas distorsiones que la aplicación del principio de la demanda solvente introduciría en la asignación de los recursos y en el derecho al acceso a estos bienes comunes. Por definición, las producciones del común se basan sobre la gratuidad y el libre acceso. Su financiación no puede por lo tanto estar asegurada más que mediante el precio colectivo y político representado por la fiscalidad, por las contribuciones sociales o por otras formas de mutualización de los recursos. El tercer factor está vinculado al hecho que, ni en salud ni educación, por ejemplo, no existe en realidad la figura mítica del consumidor que llevaría a cabo sus opciones sobre la base de un cálculo racional de costes/beneficios dictado por la búsqueda de la máxima eficiencia de la inversión en capital humano. No es cierto que sea éste el criterio principal (afortunadamente) que anima el estudiante en su búsqueda del saber. Menos aún en el caso del enfermo que, en la mayor parte de los casos, es víctima de un estado de angustia que lo vuelve incapaz de alcanzar una elección racional y lo predispone más bien a todas las trampas de una lógica mercantil donde el vender esperanzas e ilusiones es un medio para obtener beneficios.

El cuarto significado es que finalmente la salud, la educación, la investigación, la cultura no orientan sólo las normas de consumo y los modos de vida. Estas actividades constituyen también un reservorio de trabajos altamente calificados donde pueden desarrollarse formas inéditas de autogestión del trabajo, basadas en la coproducción de servicios que implique estrechamente a los usuarios y conduzca a la elaboración de criterios radicalmente alternativos de medición y de definición de la riqueza.
Todas estas razones explican la apuesta fundamental representada por la confrontación entre la estrategia neoliberal de expropiación rentística del común y un proyecto de resocialización de la economía basado en la reconquista democrática de las instituciones del Estado de bienestar y un modelo alternativo de desarrollo basado en la centralidad de la producción del hombre por el hombre.

2.      Las enseñanzas de la confrontación internacional: modelo nórdico y modelo anglosajón de Welfare.

Un enfoque comparativo a nivel internacional permite corroborar esta presentación teórica general del papel estratégico del estado de bienestar en un EBC con otros elementos empíricos. Numerosos hechos indicativos muestran que los países que disponen de los sistemas de bienestar y de servicios sociales más desarrollados son también los más competitivos en una EBC.

Basado en esta comparación internacional resulta, en particular, como veremos, la superioridad del modelo nórdico de estado de bienestar y de EBC respecto al modelo neo-liberal anglosajón, según una dicotomía que permitiría abordar a los otros países en función de su proximidad con respecto a uno de los dos modelos. Pero no es este el objeto de nuestro artículo.
Nos limitaremos aquí a extraer de esta comparativa algunos elementos útiles para reforzar las "armas de la crítica" contra las políticas de ataque a las estructuras del welfare state, intentando al mismo tiempo deducir algunas indicaciones útiles para definir estrategias de éxodo del "capitalismo cognitivo en crisis". Centrando nuestra atención sobre algunos parámetros estructurales relativos tanto a la eficiencia económica como a la justicia social, un primer elemento surge inmediatamente. Donde los sistemas de bienestar son más avanzados, como en los países nórdicos, podemos constatar dos características que se sitúan en contraste neto con el modelo neoliberal anglosajón:

- En la estructura del empleo se observa una parte netamente más elevada de los servicios sociales que representan entre el 30% y el 35% de los puestos de trabajo (alrededor de 10 puntos más que en los Estados Unidos);
- el porcentaje de los servicios comerciales a la persona (empleados domésticas y cuidado de niños ) y de los servicios comerciales (tipo McDonald's y Wall-Mart pero más en general restaurantes, hotelería) que desempeñan un papel central del empleo en los países anglosajones y donde se concentra la mayor parte del trabajo precario, atípico, "no calificado" o infrarremunerado tiene un peso mucho más débil en los países nórdicos ( incluso frente a otros países como Francia e Italia).

Estas dos características de la estructura de los servicios en los países nórdicos– importancia de los servicios sociales y débil impacto relativo de los servicios más precarios– están además estrechamente vinculadas a cinco otros parámetros esenciales para el desarrollo de una EBC capaz de conciliar, en el sentido de Keynes, un más alto nivel de eficiencia económica y de justicia social y de género.

1.      La importancia de los servicios sociales (ofrecidos por el Estado, por las Regiones, por las entidades locales, e incluso también por el llamado tercer sector) parece impedir la dualidad del mercado laboral y las fuertes desigualdades en la distribución de los ingresos, propios del modelo anglosajón, donde dominan los servicios mercantiles y sobre todo, los servicios comerciales a la persona.
2.      La calidad y extensión de los servicios colectivos y sociales (educación, salud, pero también guarderías, asistencia a domicilio a personas mayores y discapacitados, formación permanente) asegurados sobre la base de derechos universales, reduce considerablemente las desigualdades de género. La tasa de actividad femenina es más elevada y sobre todo las mujeres sufren mucho menos que en otros modelos de bienestar de discriminaciones en términos de remuneración, calificación y carreras profesionales
3.      En los países donde los servicios sociales y no mercantiles representan un porcentaje más importante en la estructura del empleo el nivel de las remuneraciones así como la clasificación de la fuerza de trabajo es mucho más elevado en el conjunto de la economía. Se trata de lo que Jean Gadrey, oponiendo el sistema de Welfare nórdico al anglosajón, llama el modelo de la calificación profesional de masa v. Dos factores contribuyen a explicar esta configuración. El primero está vinculado directamente al hecho de que los servicios sociales y las actividades productivas del hombre por el hombre aseguradas por las instituciones del Estado de bienestar y del llamado tercer sector son, como hemos visto, por su naturaleza, actividades intensivas en trabajo cognitivo. El segundo remite a los efectos indirectos que el acceso universal a un conjunto de servicios y de prestaciones sociales produce sobre la calidad intelectual de la fuerza de trabajo y sobre una cultura igualitaria y de la cooperación que se desarrolla en el conjunto de las relaciones sociales y de las actividades productivas.
4.      Como lo demuestra el caso ejemplar de los países nórdicos, el nivel de desarrollo de las instituciones del Estado de bienestar está pues relacionado positivamente con la presencia en el mismo sector privado de un número mucho más elevado de empresas que adoptan formas de organización del trabajo más avanzadas y en ruptura con el modelo taylorista. A este respecto, los resultados de la tercera encuesta europea sobre las condiciones de trabajo en el sector privado y las empresas con más de 10 empleados tomada en marzo de 2000 por la Eurofound (Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo) son elocuentes, por lo que los responsables de investigación y de diferentes artículos dedicados al análisis de sus resultados evitan extrañamente mencionar esta correlación.

Esta investigación identifica cuatro principales modelos productivos o tipos de organización del trabajo:

·         el modelo del “aprendizaje discrecional" (Discretionary learning) que reune al conjunto de principios propios de una organización cognitiva del trabajo. Este modelo está en efecto caracterizado por altos niveles de autonomía procedimental de los trabajadores, la complejidad de las tareas en la base de una economía de aprendizaje dinámico y la eficacia basada en la calidad y la innovación;
·         el modelo de la producción “ágil” (lean production) que corresponde a los principios del modelo japonés y se caracteriza por formas de autonomía en el trabajo más limitadas, controladas y codificadas por normas temporales y de control de calidad;
·         el modelo taylorista;
·         por último, el modelo de organización del trabajo propiamente dicho "tradicional" o "de estructura simple" como el que, por ejemplo, se puede encontrar en el pequeño comercio.

El análisis de los resultados de esa investigación proporciona muchos elementos que confirman y precisan las tesis que hemos desarrollado aquí. En primer lugar, confirman en el plano general la tesis del papel cada vez más importante del trabajo cognitivo: el modelo de “aprendizaje discrecional” es de lejos el principal tipo de organización del trabajo en la Unión Europea donde incorpora, en promedio, el 39% de la fuerza de trabajo del sector privado (cf. Table 1 al final del texto). Este porcentaje sería por otro lado, sin duda, mucho más alto si la investigación hubiera cubierto el impacto cuantitativo y cualitativo de los servicios públicos y de los sectores del "no mercado". Su distribución geográfica es muy fuertemente desigual y aún podemos observar una correlación fuerte entre el nivel de desarrollo de las instituciones del Estado de bienestar y el de los modelos de organización del trabajo más avanzados.
El cuadro muestra en particular que esta forma de organización del trabajo está muy generalizada precisamente en los países nórdicos. El porcentaje de la fuerza de trabajo implicada en el modelo de aprendizaje discrecional supera el 50% en Dinamarca, Suecia y Holanda y el 47% en Finlandia. En Italia, la presencia de este modelo es en cambio inferior a la media europea, mientras permanece, en porcentaje, la forma mayoritaria de organización del trabajo.
Además del papel de los servicios sociales y del sistema de enseñanza superior, dos otros elementos del modelo de bienestar de países nórdicos contribuyen a explicar, con una correlación fuertemente positiva, estas performancesvi:
- un sistema de formación profesional permanente considerablemente desarrollado y que permite integrar, mucho más que en otros lugares, al conjunto de las categorías socio-profesionales en las formas de organización cognitiva del trabajo;
- un sistema de indemnización del desempleo basado en prestaciones elevadas y derechos objetivos que permiten a los trabajadores conciliar movilidad y seguridad de la renta. Se trata de un elemento central para favorecer a nivel social el proceso de producción de conocimiento que necesita de un horizonte de largo plazo y de una garantía de renta que permita a los trabajadores invertir en un proceso de formación permanente.

Por último, el cuadro pone indirectamente en evidencia un último elemento muy importante relativo a la relación entre el nivel de desarrollo de una EBC y el del Welfare State.
Se trata de un indicador (calculado por Lundvall & Lorenz) del nivel de exposición y por lo tanto de vulnerabilidad a la competencia internacional de los países emergentes y a los procesos de deslocalización de la producción. También hace ver claramente, para el conjunto de los países nórdicos, un índice de exposición y de vulnerabilidad a la competencia internacional muy inferior a la media. En definitiva, aunque otros elementos socio-económicos entran sin duda en juego, existe una correlación cierta entre el nivel de desarrollo del Welfare, difusión de las formas de organización del trabajo más avanzadas basadas en el trabajo cognitivo y capacidades competitivas de un país.

Conclusiones

En conclusión, los elementos de análisis aquí producidos permiten comprender mejor porqué, en el contexto de crisis actual, alrededor de la cuestión central de los servicios sociales y de los sistemas de bienestar, se define la alternativa entre dos modelos opuestos de regulación de una economía basada en el conocimiento. El primer modelo correspondería a una profundización de todas las políticas neoliberales de desmantelamiento del Welfare según una lógica, donde la extensión de la esfera mercantil debería ir pari passu con la desestructuración de las condiciones más esenciales del desarrollo hacia una EBC. La continuación de esta lógica condenaría a los países de la Unión Europea, y en particular a Italia, a un declive ineludible, y a una posición cada vez más periférica y de empleado en la nueva división internacional del trabajo. El segundo modelo estaría basado en una política de fortalecimiento de las instituciones del Estado de bienestar, consideradas en su doble aspecto de proveedor de servicios colectivos y de sistema de distribución de la renta. Éste podría constituir la vía maestra para hacer de la crisis una oportunidad de construcción de una dinámica de desarrollo alternativa basada en dos ejes principales. El primero se refiere a la prioridad de la inversión en los servicios sociales y en las producción del hombre por el hombre (salud, educación, formación permanente, investigación pública, etc. ) que garanticen, al mismo tiempo, la satisfacción de las necesidades esenciales, el crecimiento de una economía basada en el conocimiento y un modelo de desarrollo ecológicamente sostenible. El segundo eje remite a la multiplicación de formas garantizadas de acceso a la renta (en el caso de los estudiantes al trabajo interino) basadas en derechos objetivos y universales. Y esto según una perspectiva que podría suponer a largo plazo la instauración de un verdadero ingreso social garantizado incondicional (ISG). Estas formas de garantía de la renta no sólo tendrían un efecto positivo, con el fin de apoyar la demanda y atenuar los efectos de la precarización del trabajo, sino que permitirían conciliar movilidad, formación de la fuerza de trabajo y seguridad de la renta. Más aún, es necesario recordar y subrayar que la reivindicación de un ISG encuentra un doble fundamento basado en un reexamen del concepto de trabajo productivo en el capitalismo cognitivo. Este descansa tanto en la extensión de los tiempos sociales y de las actividades que, directa o indirectamente, participan en la creación de plusvalor, sobre la base que el trabajo puede ser productor de riqueza, es decir, de valores uso creados fuera de la esfera de mercado, aunque sea improductivo para el capital. En esta perspectiva, la propuesta de ISG permitiría recomponer al conjunto de la fuerza de trabajo alrededor de una nueva componente socializada del salario reforzando su poder contractual, restando al capital una parte del valor, capturado mediante la renta. Al mismo tiempo, el debilitamiento de la coacción monetaria sobre la relación salarial, favorecería el desarrollo de formas de trabajo que escaparían a la lógica mercantil del trabajo subordinado y promoviendo la transición hacia un modelo no productivista, basado en la primacía de formas de cooperación no mercantil en relaciones de servicio y en actividades intensivas en conocimiento. Desde este punto de vista el ISG debería ser pues considerado, simultáneamente, como un rédito primario para los individuos y una inversión social de la sociedad del conocimiento.



Table 1. National Differences in Forms of Work Organisation.


Percent of employees by country in each organisational class



Discretionarylearning Lean production  Tayloristorganisation Traditionalorganisation

Austria 47.5  21.5 13.1 18.0 96.7
Belgium 38.9 25.1 13.9 22.1 101.2
Denmark 60 21.9 6.8 11.3 87.4
Finland 47.8 27.6 12.5 12.1 94.6
France 38.0 33.3 11.1 17.7 99.2
Germany 44.3 19.6 14.3 21.9 99.5
Greece 18.7 25.6 28.0 27.7 114,.8
Italy 30.0 23.6 20.9 25.4 107,.6
Ireland 24.0 37.8 20.7 17.6 106,.5
Luxembourg 42.8 25.4 11.9 20.0 98.6
Netherlands 64.0 17.2 5.3 13.5 86.8
Portugal 26.1 28.1 23.0 22.8 109,.6
Spain 20.1 38.8 18.5 22.5 109,.2
Sweden 52.6 18.5 7.1 21.7 94.0
UK 34.8 40.6 10.9 13.7 98.7
EU 39.1 28.2 13.6 19.1 100
Fonti: Third Working Condition survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2000.Per l’indice d’esposizione : Bengt-Åke Lundvall & Edward Lorenz “On the Role of Social Investment in the Learning Economy: A European Perspective”, 2009.



i El artículo que presentamos es en gran medida la transcripción de una intervención en el Coloquio Internacional “Políticas públicas y derechos fundamentales entre Europa y las regiones” desarrollado en Napoles el 27 de febrero de 2010. Agradezco a Stefano Lucarelli por sus observaciones que han permitido mejorar la versión de este trabajo.

ii Sobre este punto me permito reenviar a C. Vercellone, “Crisis de la ley del valor y devenir renta del beneficio. Apuntes sobre la crisis sistémica del capitalismo cognitivo” en A. Fumagalli, S. Mezzadra (recop.) “Crisis de la economia global”, Ombre Corte-Uninomade, Verona pp. 71-10

iii La nueva ley de salud aprobada en los EEUU no modifica la valoración de la fuerza de esta tendencia general. Extendiendo a treinta y dos millones de estadounidenses la posibilidad de acceder a una cobertura médica, la ley no hace más que atenuar ligeramente el retraso notorio del sistema de salud americano con respecto al modelo europeo. Se trata, por otro lado, de un simple compromiso con el sistema de seguridad social privado que permanece como el pilar del sistema de salud americano. Bajo la presión de una violenta campaña de los medios financiada por la seguridad social privada (que el mismo Obama había cándidamente salvado de la bancarrota, sin reclamarles ninguna contrapartida política o económica) la reforma, de hecho, ha sido amputada de aquello que en el origen era el aspecto más radical e innovativo: la opción que habría instaurado un sistema de salud pública disponible para todos y en competencia con la seguridad social privada.

iv F Lordon, “La absoluta urgencia de un contra shock” Le Monde Diplomatique, Marzo 2010.

v J. Gadrey “Modele nordique vs. Modele anglo-saxon”, L’economie politique, Nº 19, Julio 2003. Sobre la confrontación entre los dos modelos de servicios y de Welfare, ver también del mismo autor, “Socio economique des services”, La Decouverte, 2003.

vi Como muestran B-A- Lundvall & Ed. Lorenz en un artículo significativamente titulado: “Sobre el rol de la inversión social en una economía de conocimient: una perspectiva europea” en N. Morel, B. Palier, J. Palme (recop) “What future for social investment”, Institute for Futures Studies, Digaloo, Estocolmo, 2009 http://www.framtidsstudier.se/filebank/files/20091022$140156$fil$L14XjdAIt31VUstBnU0K.pdf.

Para un análisis detallado de los resultados de la indagación ver también Ed. Lorenz y A. Valerye, “Les formes d’organisation du travail dans les pays de l’union europeene”, Documento de Trabajo Nº 32, Centro de Estudios sobre el empleo, junio 2004, http://www.osl.upf.edu/pdfs/travail.pdf

Traducción: César Altamira

Del sitio italiano Uninomade 2.0

sábado, 12 de enero de 2013

El zapatismo, Salinas y el PAN


Luis Hernández Navarro (Mex)


Ignorancia, pérdida de memoria o mala leche son algunas de las razones que explican las opiniones de quienes aseguran que el zapatismo es una creación de Carlos Salinas de Gortari, o que dejó de luchar durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y acordó un entendimiento con ellos. No hay un solo hecho que justifique esas acusaciones.

Si una fuerza descarriló el proyecto de poder transexenal de Salinas esa fue el EZLN. Si un movimiento abolló la corona del mandatario que pretendía pasar a la historia con bombo y platillo, ese fue la rebelión indígena del sureste.
El balance que el zapatismo hace sobre la forma en que 12 años de administraciones de Acción Nacional, en general, y seis de Felipe Calderón en particular, encararon el desafío del EZLN no hace concesión alguna. Su juicio es sumario: fracasaron.
Ironías de la historia –advierte el subcomandante Marcos–: el Partido Acción Nacional (PAN) pidió en enero de 1994 que se aniquilara a los rebeldes porque amenazaban sumir al país en un baño de sangre y, ya hecho gobierno, llevó el terror y la muerte a todo México. Y sus legisladores votaron contra los acuerdos de San Andrés porque significaban la fragmentación del país, sólo para terminar entregando una nación hecha pedazos.
El apretado saldo de dos sexenios panistas que hacen los rebeldes remata los 12 años de resistencia que protagonizaron contra ellos. Resistencia que combinó movilizaciones nacionales de gran aliento con la construcción de la autonomía sin pedir permiso en sus territorios; la denuncia de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón con el desarrollo de ideas precisas sobre la necesaria relación entre ética y política, y sobre la teoría y la práctica.
Es absolutamente falso que los zapatistas hayan dejado de luchar durante estos últimos 12 años. En marzo de 2001 realizaron la Marcha del Color de la Tierra, la movilización por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas más importante en la historia del país. Despachaba ya en Los Pinos Vicente Fox y sus voceros insistían en que la lucha del EZLN no tenía ya sentido porque se había consumado la alternancia política.
En aquella ocasión, lejos de dar solución a las demandas de los zapatistas y abrir la puerta a la solución del conflicto, la clase política en su conjunto decidió no cumplir los acuerdos de San Andrés. A cambio, legisló una reforma constitucional que no reconoce a los pueblos indígenas el derecho al territorio, el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales, a las comunidades como entidades de derecho público, el respeto al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles, y muchos otros puntos más pactados. Meses después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a reparar el daño causado.
El 8 de agosto de 2003, aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, miles de indígenas zapatistas y destacamentos de la sociedad civil se concentraron en la comunidad de Oventic para celebrar el nacimiento de las juntas de buen gobierno. Allí se dio a conocer el informe sobre el primer año de actividades de los caracoles y las juntas de buen gobierno, en el que se da cuenta de cómo los pueblos zapatistas construyen su autonomía, es decir, se dotaron a sí mismos de un órgano de gobierno propio con funciones, facultades, competencias y recursos. Retomaron el control de su sociedad y la reinventaron.
En 2005 y a lo largo de 2006 el EZLN dio a conocer la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y promovió la organización de la otra campaña, iniciativa que se desplegó en todo el país, no electoral en tiempo de elecciones, que buscó organizar desde abajo y a la izquierda la resistencia popular. La movilización enfrentó un clima adverso del poder y de sectores de la izquierda, y la salvaje agresión gubernamental a los pobladores de San Salvador Atenco, uno de sus adherentes.
Sin ambigüedad alguna, tanto en 2006 como en 2012 los zapatistas denunciaron el fraude electoral. En su último comunicado consideran que Enrique Peña Nieto asumió el poder con un golpe de Estado mediático.
A finales de 2008 y principios de 2009 se realizó el Festival de la Digna Rabia, en el que se anticiparon muchas de las expresiones de descontento social que, a partir de entonces, comenzaron a brotar en los países desarrollados. También han sido notables por la riqueza, los sucesivos seminarios de análisis sobre la realidad internacional y las experiencias autonómicas efectuados en San Cristóbal de las Casas, con la participación de intelectuales como John Berger, Immanuel Wallerestein y Naomi Klein, por citar algunos.
Durante 2011, Marcos y el filósofo Luis Villoro sostuvieron un intercambio epistolar sobre la relación entre ética y política. En su primera carta, el subcomandante escribió: “Ahora nuestra realidad nacional es invadida por la guerra. Una guerra que no sólo ya no es lejana para quienes acostumbraban verla en geografías o calendarios distantes (...) esta guerra tiene en Felipe Calderón Hinojosa su iniciador y promotor institucional (...) Quien se posesionó de la titularidad del Ejecutivo federal por la vía de factono se contentó con el respaldo mediático y tuvo que recurrir a algo más para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad: la guerra”.
Coherente con esta posición, el 7 de mayo de 2011, unos 25 mil zapatistas marcharon por las calles de San Cristóbal en apoyo de la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia y contra la guerra de Calderón, que encabezó el poeta Javier Sicilia. Se movilizaron al llamado de quienes luchan por la vida, y a quienes el mal gobierno responde con la muerte. Ninguna otra fuerza política en el país sacó a la calle tanta gente para enfrentar este desafío.
Nadie tiene en el país el monopolio de la lucha de resistencia contra el poder. En esa resistencia, los zapatistas han jugado un papel central. Pretender menospreciarla o falsearla, sugiriendo que su existencia beneficia al PRI o al PAN, no hace sino favorecer a los señores del poder y del dinero.


Ebullición desconcertada


Gustavo Esteva (Mex)

Estamos hirviendo. Cunden la indignación y el descontento, cuando no la frustración y hasta la desesperación, lo mismo que las iniciativas y las movilizaciones. Estamos en ebullición, pero desconcertados: confundidos y sin acuerdo, sin concertación.
No somos sólo nosotros. En medio de una de las peores crisis de la historia, al fin de un ciclo y quizás de una era, el desencanto con instituciones, gobiernos y políticas dominantes es cada vez más general. Sus respuestas insensatas ante la movilización popular que se extiende siguen agravando la crisis y ampliando la brecha entre los de arriba y los de abajo.
En este contexto, las iniciativas que los zapatistas están tomando podrían resultar aún más importantes que la del 1º de enero de 1994. Fue entonces un despertar nacional y mundial. Ellos fueron los primeros en decir ¡basta! a la marejada mortal del neoliberalismo, como lo reconocen todos los movimientos antisistémicos surgidos tras ese llamado. En México cambiaron la correlación política de fuerzas y echaron a perder los planes autoritarios de Salinas.
Al decirles que no estaban solos, empero, la señora sociedad civil les dijo entonces que no quería más violencia y les exigió probar una vaga vía institucional. Los zapatistas obedecieron. No sólo se convirtieron en campeones de la no violencia activa e hicieron de la palabra y la organización sus principales herramientas de lucha. También se comprometieron seriamente con el diálogo y el trato con las instituciones.
Pasó lo que pasó. Tanto el gobierno federal, en sucesivas administraciones, como los poderes Legislativo y Judicial, los gobiernos locales y todos los partidos políticos traicionaron palabra y compromiso y aislaron, descalificaron y atacaron continuamente a los zapatistas y al zapatismo.
Contra viento y marea, negados por los medios y las clases políticas, sistemáticamente agredidos por grupos paramilitares o políticos lo mismo que por las policías, los zapatistas consolidaron y profundizaron su construcción autónoma. Demuestran hoy que la alternativa no institucional de izquierda que impulsaron es ya una realidad, un camino viable y eficaz para la acción política. Como resistencia organizada, pone límites a la ofensiva de arriba. Como empeño radical, socava las bases de existencia del sistema opresor y avanza en la reorganización de la sociedad desde abajo.
Millones de personas, en México y en el mundo, cruzarán los puentes que empiezan a tender los zapatistas para concertar la acción. Han aprendido, con ellos, que para resistir el horror que ha caído sobre nosotros no basta decir no, rechazando radicalmente políticas y acciones de arriba que nos lastiman y despojan. Necesitamos además la construcción autónoma que da sentido al empeño, toma la forma de la nueva sociedad y en la propia lucha prefigura el resultado. Y necesitamos hacer todo esto juntos, en concierto. Debemos escucharnos y hacernos oír, componer entre todos una sinfonía concertante.
Los zapatistas muestran conciencia clara de las dificultades que enfrentarán y los riesgos que correrán. No se arredran por ello. Conocen bien la pobre condición humana de quienes encabezan las instituciones. Saben que el famoso pacto de los partidos o los compromisos de Peña con los indígenas que mencionó el secretario de Gobernación no son sino nuevas amenazas: retroceden al indigenismo de incorporación y empacan como desarrollo los despojos que planean. Saben también que quienes no pueden pensar ni actuar fuera del marco convencional y se niegan a reconocer que el problema está en los propios aparatos de la opresión, no sólo en sus operadores, seguirán concentrando la energía en nuevas fantasías sobre 2018. Pero no tratan a éstos como enemigos ni ignoran a aquéllos.
Se realizan ya intentos tramposos de reducir las iniciativas zapatistas a la cuestión indígena. Es sin duda necesario reactivar el Congreso Nacional Indígena y mantener el dedo en la llaga del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, pero no al precio de negar el alcance de las actuales iniciativas zapatistas, que desafían el estado de cosas dominante y plantean, desde la sabiduría indígena, un camino de transformación que incluye por igual a indígenas y no indígenas.
Por todo esto, cientos de participantes en el tercer Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, organizado del 30 de diciembre al 2 de enero por el Cideci y la Universidad de la Tierra en Chiapas, junto a miles que lo siguieron en línea, celebraron con ánimo renovado un aniversario más del levantamiento del EZLN. La presencia entusiasta y lúcida de colectivos, organizaciones y movimientos de una docena de países sirvió para mostrar la relevancia de las iniciativas zapatistas más allá de nuestras fronteras y para empezar la paciente y serena labor de concertación de nuestras dignas rabias.


viernes, 4 de enero de 2013

América latina: entre el impasse y el nuevo conflicto social


Notas para reabrir la discusión


Sandro Mezzadra
(con colaboración de Toni Negri y Michael Hardt)

I.
No fuimos los únicos, en los últimos diez años, que consideramos a América Latina como un formidable laboratorio político. A diferencia de otros, sin embargo, no nos interesamos  particularmente por la retórica del “socialismo del siglo XXI”, por el retorno del “populismo” o por la celebración de las “nacionalizaciones”. El punto de vista que guió nuestro interés por América latina, en la nutrida red de relaciones que hemos trazado en esa zona del mundo, fue el de las luchas y el de los movimientos que han atravesado la era neoliberal (los años del “Consenso de Washington”) hasta decretar su fin. Entre la gran insurrección de los pobres de Caracas en 1989 (el “Caracazo”) y la “huelga de ciudadanía” que en el 2005 destituyó al presidente Lucio Gutiérrez en Ecuador, un extraordinario ciclo de luchas recorre subterráneamente todo el subcontinente.

El protagonismo de los indígenas (simbólicamente relanzado por los zapatistas en 1994) reabre una historia –aquella de la conquista colonial– cuya continuidad se reprodujo durante siglos. Una nueva cuestión agraria, después de la gran trasformación de la agricultura determinada por la “revolución verde”, viene prepotentemente puesta a la orden del día por las movilizaciones de los campesinos “sin tierra”. La tumultuosa conquista de espacios de acción y de palabra, por parte de las multitudes de pobres urbanos, pone en discusión los códigos exclusivistas de los sistemas sociales y políticos. Luchas obreras de nuevo tipo (por ejemplo, en el ABC paulista) se juntan con las ocupaciones y la autogestión de fábricas recuperadas y con grandes movilizaciones de trabajadores desocupados.

Cuando este conjunto profundamente heterogéneo de sujetos –mencionados aquí solo muy brevemente– se encuentra (por ejemplo, en Cochabamba en 2000 o en el 19 y 20 diciembre de 2001 en Argentina), se deriva una acción insurreccional de tipo nuevo. Aquella caracterizada por el ejercicio de un radical poder destituyente, que determina no sólo la caída de cada gobierno en particular, sino –multiplicado a escala regional– el fin  de la legitimidad del neoliberalismo. Los nuevos espacios políticos que así se abren son ocupados por sujetos y gobiernos que solo en parte (por ejemplo, con Evo Morales en Bolivia y con Lula en Brasil) pueden reclamar una relación directa con los movimientos y con las luchas, mientras que en otros casos (por ejemplo, con Correa en Ecuador y Kirchner en Argentina) esta relación está sobre todo construida a posteriori, en la perspectiva de consolidar las bases de legitimidad de los gobiernos. 
La acción destituyente de los movimientos fue seguida, en algunos países, por la apertura de verdaderos procesos constituyentes, dentro de los cuales (en particular, en Bolivia y en Ecuador) los movimientos mismos se expresan con fuerza. Pero incluso donde esto no sucede (por ejemplo, en Brasil y en Argentina), la innovación que se produce sobre el terreno de la constitución material y de la propia estructuración del espacio político en el período de los considerados gobiernos “populares y progresistas” es extremadamente profunda.

Sin embargo, es importante subrayar el desfasaje que existe en todos los países mencionados entre la acción de los movimientos y de las luchas, por una parte, y la formación y la acción de los gobiernos “progresistas”, por la otra. Esto no significa asignar a los primeros la función meramente “negativa” de la “destitución” de los gobiernos neo-liberales, reservando a los segundos las funciones “positivas” de la propuesta y de la acción propiamente política. Al contrario, en América Latina la fuerza de los movimientos se expresó (y continúa expresándose), antes que nada, en la continua generación de relaciones, instituciones, redes sobre el plano político, cultural, social y económico.

Registrar el desfasaje entre movimientos y gobiernos significa para nosotros algo más que un ejercicio de realismo político en el plano analítico. Significa, también, ganar un punto de vista que, exaltando la autonomía de los movimientos, permite fotografiar bajo un perfil teórico un momento histórico determinado en el cual parece posible una experimentación institucional radicalmente innovadora: capaz de apuntar la transformación de la fuerza política de los movimientos en fuerza productiva, tanto bajo el perfil político como bajo el perfil de la investigación de un nuevo modelo de desarrollo.

En estos años (tanto en Brasil como en Argentina, en Ecuador como en Bolivia) pudieron verse ejemplificaciones concretas de esta nueva relación entre instituciones y movimientos, claro que siempre más en formas “espurias” que con la pureza de un modelo. Y hemos tratado de seguir los desarrollo latinoamericanos apostando al carácter materialmente expansivo de sus experimentaciones en acto (sin por esto, obviamente, dejar de poner en evidencia los puntos problemáticos y los momentos de bloqueo que de principio a fin caracterizan el proceso). Al mismo tiempo, nos parece esencial el aliento “regional” de estas mismas experimentaciones, el impulso de procesos de integración de tipo nuevo que parecen generar las condiciones –dentro de la crisis de la hegemonía estadounidense– para la conquista de nuevas bases sobre las que gestionar la inserción en los mercados mundiales y las relaciones con el capital financiero.

II.
Un balance del ciclo político que en América Latina ha sido definido como “post-neoliberal” requiere de un análisis en profundidad de los desarrollos al interior de cada país en particular. Reservando este análisis a sucesivas intervenciones (también por parte de compañeros latinoamericanos), sin embargo vale la pena evidenciar –sobre la base de viajes recientes, discusiones y lecturas– algunas tendencias generales. Y a nosotros nos parece que estas tendencias indican un impasse respecto de las características de innovación que hemos sumariamente señalado en el punto anterior. En este sentido, hay que registrar una sustancial rigidización, una reorganización de todo el proceso político en torno a la figura del Estado, del cual se celebra en varias parte su “retorno” y la “recuperación de soberanía”. Y una tendencia que asume características extremas en el caso de la Venezuela de Chávez, pero que se manifiesta claramente también en el caso, muchas veces presentado como opuesto, del Brasil de Dilma Rousseff. En muchos países esta centralidad del Estado coincide con la posición de un único líder, identificado con la continuidad del proceso de trasformaciones: el conflicto en Argentina en torno a la hipótesis de reforma constitucional para permitir a Cristina Fernández Kirchner presentarse para un tercer mandato en las próximas elecciones presidenciales es, en este sentido, emblemático, pero no menos dominante –en una experiencia de gobierno en la cual prevalecen las retóricas tecnocráticas y jacobinas– es, por ejemplo, la posición de Correa en Ecuador, donde entre otras cuestiones la Constitución de 2008 amplió mucho los poderes presidenciales.

En este cuadro, si bien es cierto que las acusaciones de "autoritarismo" por parte de la derecha son, la mayoría de las veces, puramente instrumentales, se ubica un problema en cada caso con respecto tanto a la formación y renovación del liderazgo y, más importante, a los procesos de formación y a los criterios de legitimación de la decisión política. Pero el tema del “retorno del Estado” se afronta en términos más generales, sin quedar “encantados” por las retóricas de los gobiernos “progresistas” (que celebran la renovada capacidad del Estado de controlar y “atemperar” el desarrollo capitalista), pero sin renunciar, tampoco, a un análisis atento de las nuevas funciones sociales y económicas (aunque también de regulación, como por ejemplo en un campo crucial como el de los medios) que el Estado contradictoriamente vine asumiendo en muchos países latinoamericanos. Sin dudas, para retomar una expresión del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el Estado es hoy un “campo de lucha” en la ruptura de los dispositivos de exclusión que históricamente –siguiendo líneas de raza, género y clase– han organizado el espacio político asegurando la reproducción y la continuidad de la élite.

Aquí, sin embargo, se presenta un primer problema: la ruptura de estos dispositivos de exclusión, radicados en profundidad en la historia y en la sociedad latinoamericana, no puede ser pensada sino en términos procesuales, facilitando y exaltando la continuidad de la acción –necesariamente extrainstitucional– de los sujetos que han sufrido y continúan sufriendo la acción de esos dispositivos. Aquí el desfasaje entre movimientos y gobiernos debería ser recualificado, apuntando a entrecruzar de modo virtuoso las diversas temporalidades de la acción política que lo caracterizan. Al contrario, el énfasis en el “retorno del Estado” se acompaña, a menudo, de políticas de “inclusión social” que confían por completo en dinámicas de redistribución de la riqueza y de impulso de los consumos como modo de promover una nueva ciudadanía democrática.

Entendámonos: estamos frente a un tramo innegablemente positivo del “retorno del Estado”. Nada puede estar más lejos de nuestra perspectiva que los lamentos moralistas (difundidos tanto en América latina como en otros lugares) en relación al “consumismo popular”: innegable a consecuencia del impulso de políticas redistributivas limitadas, el acceso a nuevos consumos por parte de los pobres y de los subalternos en muchos países latinoamericanos es, ante todo, conquista de poder social, que pone en discusión jerarquías y dispositivos de sujetamiento. Pero las retóricas y las políticas que hacen referencia al “retorno del Estado” parecen promover, a través de la expansión de los consumos, una integración social que corre paralela a la despolitización de la sociedad.
La “política” aparece, así, enteramente reasumida al interior de un Estado imaginado como “puro”; o, tal vez, como purificable respecto de las incrustaciones “corporativas”, del condicionamiento de “intereses” variadamente cualificados. Es inútil decir que los “intereses” que cuentan –vinculados a las grandes multinacionales– fueron ampliamente reorganizados (muchas veces, sin dudas, pagando sus precios) para reconquistar poder de negociación e influencia al interior de las nuevas constelaciones políticas.

Pero, al mismo tiempo –y esto es lo que más cuenta– pareciera que la evolución de las políticas sociales en los principales países latinoamericanos regidos por gobiernos “progresistas” se caracterizó en los últimos años por un sustancial retraimiento respecto de las características de innovación que habían emergido en la fase precedente. Y que las retóricas de la expansión de los derechos y de la inclusión social fueron perdiendo progresivamente espesor material, con el riesgo de reducirse a la apología de una serie de “concesiones” desde arriba.

III. 

El “retorno del Estado” si inscribe materialmente sobre un modelo de desarrollo cuya continuidad no fue puesta en discusión en los últimos diez años. En ese marco, nos parece fundamental el debate crítico que en toda América Latina se desarrolló en torno a la categoría de neo-extractivismo. Este término hace referencia a la orientación de un modelo de desarrollo basado, esencialmente, en la intensificación de la explotación de los recursos naturales, tanto en lo que respecta a la apertura de nuevas minas y yacimientos petrolíferos como al cultivo extensivo de la soja, para obtener de la creciente demanda internacional (sobre todo, asiática) los recursos necesarios para el financiamiento de las políticas sociales y para sostener dinámicas redistributivas. 

Incluso aquí no nos resultan productivas las tonalidades moralistas que a menudo se encuentran en las discusiones que arriba reseñamos: no entendemos porqué negar, en principio, la posibilidad de un uso de los recursos naturales como asset estratégico en vistas de una gestión innovadora de las nuevas condiciones de interdependencia y de la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. La impresión es, no obstante, que en los últimos años el “neo-extractivismo”  tendió a endurecerse, situándose como un modelo de desarrollo indiscutible, con graves consecuencias no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también social. Los enfrentamientos violentos en varios países de América Latina que han acompañado a esta tendencia, con la convergencia de movimientos campesinos e indígena (como en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú), parece emblemático de la clausura de la dialéctica entre el desarrollo y buen vivir que había encontrado reconocimiento constitucional, por ejemplo en Ecuador y en Bolivia.

La retórica "desarrollista" (para introducir otro término muy utilizado en los debates latinoamericanos) de los gobiernos "progresistas" siguen presentando el extractivismo como base para un desarrollo económico de tipo sustancialmente industrial (y, en algunos casos, post-industrial, centrada en la promoción de la economía del conocimiento). Nos parece, sin embargo, lo que en realidad es: meramente retórica. A la función de arrastre ejercida por la exportación de materias primas no corresponden especialmente dinámicas de expansión real del trabajo asalariado y formal, sino más bien procesos generalizados de precarización (incluso en Ecuador, donde el gobierno prohibió los contrato de trabajo, la duración medio de nuevos contratos laborales es de tres meses).
 
Es un punto de vital importancia en lo que respecta a la "vuelta del Estado": contrariamente a lo que a menudo se afirma, este "retorno" no parecen preludiar una "inclusión social" y a una ciudadanía democrática centrada en el trabajo, según el modelo de Estado de Bienestar vigente en la Europa occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
Aquí tenemos un primer elemento de sustancial fragilidad tanto del neo-extractivismo como del "regreso del Estado" (incluso de su propia trampa en la presente coyuntura Latinoamericana). Nos parece que la importancia del consumo en el nuevo modelo de "inclusión social", con la presencia de generalizadas condiciones de precarización, habilita la apertura de espacios para una nueva intervención (precisamente en relación con la financiación de consumo) de una potencia otra que funciona bajo una lógica fundamentalmente extractiva: es decir, la del capital financiero
Y en muchas ciudades de América Latina (el ejemplo de Río de Janeiro, con la excusa de la Copa del Mundo en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, es especialmente instructivo) se expresa en términos particularmente agresivos la alianza entre el capital financiero y el capital inmobiliario, con  violentos ataque contra los habitantes de villas y favelas con el objetivo de “liberar” espacios para la valorización del capital.
Se trata, evidentemente, de partes en conflicto, sobre las que ya se expresan prácticas de resistencia y de auto-organización. En muy raras ocasiones, sin embargo, los gobiernos "progresistas" están tratando hoy de ponerse en sintonía con estas prácticas, de las que podría emerger una renovación democrática de su acción. 
Un segundo elemento de sustancial fragilidad del modelo que en América Latina se está definiendo en torno del "neo-extractivismo" y del "retorno del Estado" consiste en el hecho de que, mientras muchos países libran sacrosantas batallas contra el capital financiero por el tema de la deuda (como la que libró la Argentina estas últimas semanas contra los denominados "fondos buitre"), los precios de los commodities son, en buena medida, fijados por los mercados financieros mundiales. Las dinámicas financieras juegan, así, un papel esencial desde el punto de vista de la estabilidad económica del modelo, que depende, por otra parte, también de la calidad de la demanda global de los recursos exportables. 

La desaceleración de la demanda en Asia (especialmente, en China) inaugura un momento de crecimiento lento, de disminución de los salarios reales y de significativas tensiones sociales en muchos países de América Latina, especialmente Argentina, donde la alta inflación multiplica estos procesos. La crisis mundial está comenzando a afectar incluso a América Latina, luego de que por varios años fuera eficazmente gestionada como una extraordinaria oportunidad para el desarrollo.

IV. 

Bajo esta semblanza, sería hoy particularmente importante una profundización de los procesos de integración a escala “regional”, a través de la multiplicación de las asociaciones, los acuerdos de cooperación, los proyectos compartidos. Nos parece sin embargo que también en este terreno se debería registrar un retroceso, ante todo en lo que respecta a las “opiniones públicas” y el “debate político”. En los primeros años del nuevo siglo la dimensión “regional” fue impuesta con gran fuerza precisamente en este sentido, obligando a reformular la discusión de los problemas y de los desarrollos “internos” de cada país al interior de un espacio supranacional que volvía a ser denominado con la fórmula de José Martí, nuestra América. Este nuevo “sentido común” había sido una vez más en buena medida anticipado por los movimientos en los años precedentes, y ha servido de marco de procesos concretos de integración. La “vuelta del Estado” parece sin embargo haber coincidido, de un modo en el fondo no sorprende, con la vuelta de la “nación” y de la prioridad de sus intereses como criterio esencial de orientación de la política exterior de los gobiernos. No faltan, por cierto, las declaraciones –no necesariamente “rituales”– de solidaridad en ocasión de conflictos que involucran a un país en particular (por ejemplo Argentina sobre la cuestión de Malvinas, o Ecuador sobre el otorgamiento de asilo a Assange). Pero en términos generales se asiste hoy en América Latina a una vuelta de las relaciones “bilaterales” entre Estados, mientras que en el plano económico los gobiernos juegan un rol de sustentadores de “sus” empresas en el proceso de proyección de las actividades y de los intereses al interior de otros países latinoamericanos. Colosos como la PDVSA venezolana y la Petrobras brasilera combinan así lógicas capitalistas y lógicas nacionales en su protagonismo al interior del sector extractivo. 

Al mismo tiempo resurgen con la fuerza de los hechos, en ausencia de una fuerte voluntad política de signo opuesto, lógicas hegemónicas que condicionan sobre todo el comportamiento de los dos mayores países latinoamericanos: Brasil y Argentina. El primero, arrastrado por la potencia de sus dimensiones geográficas y económicas, parece apuntar hoy esencialmente a la consolidación de los ejes BRIC (o bien a la cooperación “sur-sur” con otras “potencias emergentes”), subordinando a este objetivo las relaciones internas a América Latina. La segunda se repliega sobre sí misma adoptando políticas proteccionistas. En estas condiciones, es abandonada fundamentalmente a cada país no solo la gestión de las relaciones con las multinacionales (en particular con aquellas activas en los sectores “extractivos”) sino también las relaciones con China, cada vez más presente en América Latina no solo desde el punto de vista financiero sino también por ejemplo desde el de la construcción de infraestructuras y comercios (con relación que involucran al mismo sector informal). Nos parece evidente que una mayor integración en la gestión de estas relaciones colocaría las bases para imponer no solo “términos de intercambio” más favorables, sino también condiciones cualitativas y estándares más coherentes con los proyectos de profundización de la democracia a la que los gobiernos “progresistas” continúan remitiéndose. Un ámbito particularmente delicado para verificar la importancia de los procesos de integración es, por otra parte, el de la moneda. En Ecuador, uno de los países en los que se habla de “vuelta del Estado” y de “recuperación de la soberanía”, el único valor de circulación es desde el año 2000 el dólar. No solo el gobierno de Correa no ha puesto en discusión esta circunstancia, difícilmente conciliable con la “recuperación de soberanía”, sino que también sus opositores de izquierda la consideran un “tabú político” (por vía de la asociación entre dólar y estabilidad económica difundida en particular al interior de la “clase media” luego de la devastadora crisis bancaria de 1999). El hecho es que, sin embargo, los economistas más sagaces sostienen que las bases macroeconómicas de la “dolarización” han ya decaído, y en el giro de un par de años deberá hallarse una alternativa. El “contraejemplo” argentino, con políticas que sí han apuntado a la recuperación de la plena soberanía monetaria y a la “pesificación” de la economía, pero pagando el precio de una alta inflación y de una pesadísima devaluación, muestra claramente que el camino de la integración regional sería también el que habría que recorrer desde este punto de vista. 


El impasse que hemos intentado poner de relieve con estas notas no nos induce de ningún modo al pesimismo. En estos años, en América Latina, tanto la acción de los movimientos como la de los gobiernos han construido materialmente un nuevo terreno de desarrollo político y una nueva dinámica de fuerzas. Algunas rupturas, la nueva legitimidad de sujetos surgidos de la “subalternidad”, la profundización del propio concepto de democracia nos parecen también que estarían perfilando un dispositivo de contención de nuevas fuerzas surgidas en la escena latinoamericana, en la que la “vuelta del Estado”, en la continuidad de un modelo de desarrollo “neoextractivista”, se traduciría esencialmente en (más o menos moderadas) dinámicas redistributivas en base a la capacidad de cada gobierno específico de gestionar la inserción en el mercado mundial. Hemos indicado los que nos parecen algunos elementos esenciales de fragilidad de este dispositivo. Pero más en general estamos convencidos de que en América Latina tenemos hoy las condiciones para forzar sus rigideces, para reabrir la dinámica política en dirección de la conquista de bases más sólidas de libertad e igualdad. Estamos además convencidos de que esta reapertura podrá venir solamente de un relanzamiento de los movimientos y de su autonomía, aun si la propia referencia a los movimientos deba ser recalificada –para no permanecer en el plano de lo meramente retórico– sobre las nuevas condiciones determinadas por los desarrollos de la última década. Dentro del nuevo conflicto social del que se comienza a hablar en América Latina nuevas contradicciones y nuevos sujetos se expresan al lado de líneas de antagonismo heredadas del pasado. Estructuras institucionales específicas aparecen con frecuencia totalmente inmersas en constelaciones conflictivas emergentes, y sin duda es posible imaginar alianzas y convergencias tácticas entre ellas y los movimientos. Es sobre el conjunto de estas cuestiones que veremos que el debate se reabrirá, también al interior del “dossier América Latina” que hemos ya hace un tiempo abierto en el sitio de UniNomade.