El zapatismo, Salinas y el PAN

Luis Hernández Navarro (Mex)

Ignorancia, pérdida de memoria o mala leche son algunas de las razones que explican las opiniones de quienes aseguran que el zapatismo es una creación de Carlos Salinas de Gortari, o que dejó de luchar durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y acordó un entendimiento con ellos. No hay un solo hecho que justifique esas acusaciones.

Si una fuerza descarriló el proyecto de poder transexenal de Salinas esa fue el EZLN. Si un movimiento abolló la corona del mandatario que pretendía pasar a la historia con bombo y platillo, ese fue la rebelión indígena del sureste.

El balance que el zapatismo hace sobre la forma en que 12 años de administraciones de Acción Nacional, en general, y seis de Felipe Calderón en particular, encararon el desafío del EZLN no hace concesión alguna. Su juicio es sumario: fracasaron.

Ironías de la historia –advierte el subcomandante Marcos–: el Partido Acción Nacional (PAN) pidió en enero de 1994 que se aniquilara a los rebeldes porque amenazaban sumir al país en un baño de sangre y, ya hecho gobierno, llevó el terror y la muerte a todo México. Y sus legisladores votaron contra los acuerdos de San Andrés porque significaban la fragmentación del país, sólo para terminar entregando una nación hecha pedazos.

El apretado saldo de dos sexenios panistas que hacen los rebeldes remata los 12 años de resistencia que protagonizaron contra ellos. Resistencia que combinó movilizaciones nacionales de gran aliento con la construcción de la autonomía sin pedir permiso en sus territorios; la denuncia de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón con el desarrollo de ideas precisas sobre la necesaria relación entre ética y política, y sobre la teoría y la práctica.

Es absolutamente falso que los zapatistas hayan dejado de luchar durante estos últimos 12 años. En marzo de 2001 realizaron la Marcha del Color de la Tierra, la movilización por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas más importante en la historia del país. Despachaba ya en Los Pinos Vicente Fox y sus voceros insistían en que la lucha del EZLN no tenía ya sentido porque se había consumado la alternancia política.

En aquella ocasión, lejos de dar solución a las demandas de los zapatistas y abrir la puerta a la solución del conflicto, la clase política en su conjunto decidió no cumplir los acuerdos de San Andrés. A cambio, legisló una reforma constitucional que no reconoce a los pueblos indígenas el derecho al territorio, el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales, a las comunidades como entidades de derecho público, el respeto al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles, y muchos otros puntos más pactados. Meses después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a reparar el daño causado.

El 8 de agosto de 2003, aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, miles de indígenas zapatistas y destacamentos de la sociedad civil se concentraron en la comunidad de Oventic para celebrar el nacimiento de las juntas de buen gobierno. Allí se dio a conocer el informe sobre el primer año de actividades de los caracoles y las juntas de buen gobierno, en el que se da cuenta de cómo los pueblos zapatistas construyen su autonomía, es decir, se dotaron a sí mismos de un órgano de gobierno propio con funciones, facultades, competencias y recursos. Retomaron el control de su sociedad y la reinventaron.

En 2005 y a lo largo de 2006 el EZLN dio a conocer la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y promovió la organización de la otra campaña, iniciativa que se desplegó en todo el país, no electoral en tiempo de elecciones, que buscó organizar desde abajo y a la izquierda la resistencia popular. La movilización enfrentó un clima adverso del poder y de sectores de la izquierda, y la salvaje agresión gubernamental a los pobladores de San Salvador Atenco, uno de sus adherentes.

Sin ambigüedad alguna, tanto en 2006 como en 2012 los zapatistas denunciaron el fraude electoral. En su último comunicado consideran que Enrique Peña Nieto asumió el poder con un golpe de Estado mediático.

A finales de 2008 y principios de 2009 se realizó el Festival de la Digna Rabia, en el que se anticiparon muchas de las expresiones de descontento social que, a partir de entonces, comenzaron a brotar en los países desarrollados. También han sido notables por la riqueza, los sucesivos seminarios de análisis sobre la realidad internacional y las experiencias autonómicas efectuados en San Cristóbal de las Casas, con la participación de intelectuales como John Berger, Immanuel Wallerestein y Naomi Klein, por citar algunos.

Durante 2011, Marcos y el filósofo Luis Villoro sostuvieron un intercambio epistolar sobre la relación entre ética y política. En su primera carta, el subcomandante escribió: “Ahora nuestra realidad nacional es invadida por la guerra. Una guerra que no sólo ya no es lejana para quienes acostumbraban verla en geografías o calendarios distantes (...) esta guerra tiene en Felipe Calderón Hinojosa su iniciador y promotor institucional (...) Quien se posesionó de la titularidad del Ejecutivo federal por la vía de factono se contentó con el respaldo mediático y tuvo que recurrir a algo más para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad: la guerra”.

Coherente con esta posición, el 7 de mayo de 2011, unos 25 mil zapatistas marcharon por las calles de San Cristóbal en apoyo de la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia y contra la guerra de Calderón, que encabezó el poeta Javier Sicilia. Se movilizaron al llamado de quienes luchan por la vida, y a quienes el mal gobierno responde con la muerte. Ninguna otra fuerza política en el país sacó a la calle tanta gente para enfrentar este desafío.

Nadie tiene en el país el monopolio de la lucha de resistencia contra el poder. En esa resistencia, los zapatistas han jugado un papel central. Pretender menospreciarla o falsearla, sugiriendo que su existencia beneficia al PRI o al PAN, no hace sino favorecer a los señores del poder y del dinero.