Andrea Spotti (Mex)
“¡Ni la lluvia, ni el viento detienen el
movimiento!” Contestaron de esa forma los participantes a la primera Convención
Nacional a la inclemencia de Tláloc, el cual- implacable como sólo una deidad
puede serlo- tornó húmeda y a momentos hasta mojada la asamblea que reunió en
San Salvador Atenco, Estado de México, más de 2500 delegados de 496
organizaciones provenientes de 29 estados del país que luchan para impedir que
Enrique Peña Nieto, el candidato de la restauración priista, asuma la
Presidencia de la República el próximo primero de diciembre.
La elección del lugar en donde
organizar el evento no ha sido casual. En efecto, Atenco, más allá de ser un
punto de referencia para las luchas en los
últimos años, representa también un precedente por lo menos en dos sentidos.
Por un lado, por qué fue exactamente en contra de la comunidad atenquense que,
en mayo de 2006, el entonces gobernador Peña Nieto, en complicidad con el
gobierno de Vicente Fox, desencadenó una brutal represión la cual costó dos
muertos, torturas, violaciones sexuales que todavía hoy siguen impunes, además
de años de injusta detención para decenas de militantes. Por el otro, por qué Atenco
representa, sobre todo, la dignidad de la resistencia y la posibilidad de la
solidaridad y de la victoria. Victoria que los ejidatarios del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) consiguieron en agosto de 2002, cuando,
tras meses de lucha, machete en mano, lograron impedir la construcción del
nuevo aeropuerto del DF en sus tierras. Atenco nos habla entonces de lo que
podría pasar en el país en los próximos años.
La Convención Nacional - impulsada
tras los polémicos comicios del primero de julio, en el contexto de las movilizaciones
en contra de la presunta victoria de Peña Nieto- se puso dos propósitos
fundamentales: construir un frente nacional de lucha en contra del regreso del
autoritarismo priísta y dar al movimiento, que nació con los estudiantes de
#YoSoy132 y se extendió a otros importantes sectores de la sociedad mexicana,
una consistencia organizativa para poder ir más allá de la coyuntura electoral.
Para establecer, en otros términos, una agenda política independiente de los plazos
institucionales y coordinada en todo el País.
Desde el punto de vista de la
participación, lo primero que llama la atención es la gran heterogeneidad de
las realidades presentes: representantes de organizaciones estudiantiles,
campesinas y de género; asociaciones para los derechos humanos e indígenas,
sindicatos e individuos; en suma, una verdadera babel social. Además de
#YoSoy132 y el FPDT, se encontraban presentes, el SME (Sindicato Mexicano de
Electricistas) y la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación), entre otros. Dada la multiplicidad de las proveniencias culturales
y políticas, mantener la unidad en las propuestas y en la acción respetando la
diversidad es el reto principal de la Convención. Se trata, como ha sido,
muchas veces, repetido en las intervenciones, de construir “un movimiento de
los movimientos”, “una organización de las organizaciones” para lograr que los
objetivos y las prácticas particulares, si bien sean diferentes y localizadas,
puedan relacionarse positivamente entre ellas, llegando a constituir un
proyecto común que pueda incidir a escala nacional. Las dos jornadas de
discusión no han sido para nada fáciles, en efecto, el sábado, en las siete
mesas de trabajo, y en la multitudinaria plenaria del domingo, las decisiones
fueron en muchas ocasiones el producto de acalorados debates y complejas
negociaciones.
Uno de los primeros elementos que emergieron
de la discusión fue el grito de dolor de la provincia mexicana, atrapada entre
la guerra al narco y la represión: “el DF es una burbuja en el país”, sostiene
un activista de Chihuahua que denuncia la dificultad de movilizarse
políticamente para quienes viven fuera de la gran metrópoli, bajo el riesgo de la desaparición o la
muerte. También la guerra de Calderón y la militarización del territorio son
puestas seriamente en discusión por el movimiento que pide en voz alta el
regreso de los militares a los cuarteles, además del juicio político al actual
presidente, considerado responsable de los más de 60 mil muertos ocasionados
por la guerra actual.
Las propuestas para estructurar una
campaña nacional con el objetivo de impedir que Peña Nieto sea presidente
estuvieron al centro del debate. Desde este punto de vista, hay que subrayar la
presencia en el movimiento de una tendencia a la radicalización de las formas
de lucha, aun permaneciendo en el ámbito de la protesta pacífica. Sin embargo,
sostienen muchas intervenciones, “hay que empezar a hacer daño al adversario”, entendiendo
con ello una serie de acciones como bloquear el flujo de la circulación de las
mercancías, boicotear las ganancias de las empresas que apoyaron el fraude
electoral, sancionar desde abajo a los medios masivos y sobre todo a las
televisoras, por trabajar en favor de la imposición de Peña Nieto, hasta
proponerse impedir físicamente la toma de posesión con un cerco al congreso. Al
final de la asamblea, se estableció un calendario de lucha, a cadencia casi
semanal, que junta iniciativas centralizadas con otras locales llevadas a cabo
de forma simultánea en todo el país.
Dentro del ciclo de movilizaciones destacan
las siguientes: las marchas nacionales del 22 de julio y del 11 de agosto en el
DF, la muy discutida toma o bloqueo pacifico de Televisa el 27 de julio, dos
días de lucha nacional el 1 y el 6 de septiembre, un paro cívico y una huelga
estudiantil el 2 de octubre; además, el cerco al congreso el 1 de diciembre.
Hay que recordar también la reunión operativa que se llevará a cabo el próximo
4 de agosto en Jalisco y la II Convención Nacional que reunirá de nuevo a las
organizaciones en Oaxaca el 22 y el 23 de septiembre.
Durante la asamblea plenaria del
domingo se hizo hincapié en que la lucha en contra de la imposición de EPN
(Enrique Peña Nieto) no soluciona las demandas
de transformación del movimiento y que las reivindicaciones que él expresa van
mucho más allá del ámbito electoral y partidista. La gran mayoría de los
participantes, de hecho, se declara apartidista y desconfía abiertamente de
todos los partidos, incluyendo los de la izquierda institucional, los cuales son
considerados igualmente dañinos y represivos que las demás fuerzas políticas. El
objetivo principal de las observaciones críticas de la asamblea es el sistema
económico vigente. Según la Convención, el neoliberalismo - que quita recursos
a lo común para transformarlos en ganancias- es la causa de la exclusión y la
pobreza presentes en México, por lo que se tendría que empezar por cambiar
su propia lógica para transformar la
sociedad. El repudio, entonces, no es sólo hacia Peña Nieto, es un rechazo general
a las reformas estructurales que obedecen a los intereses del capital
financiero global (trabajo, escuela, energía, gasto público) que él representa,
las cuales de concretarse no producirían otra cosa que un ulterior apretón de
tuerca al de por sí ya frágil y raquítico Welfare
State mexicano.
La democratización de los medios de
comunicación, la oposición al ACTA[1]
recién firmado por el gobierno y el derecho a Internet; la reforma de la
instrucción para garantizar el derecho de estudio a todos y no solamente a una
minoría; la defensa de los bienes comunes y la tasación de las transacciones
financieras; la defensa de la soberanía alimentaria y el derecho a la
autodeterminación de los pueblos indígenas; la suspensión del pago de la deuda exterior
y la abrogación de los tratados de libre comercio, junto con el reconocimiento
de los derechos civiles al movimiento LGBT, representan tan solo algunos de los
elementos de un proceso organizativo que parece querer ir más allá de conflicto
poselectoral para constituirse como una oposición social duradera, dispuesta a
dar la batalla en contra de la privatización de los recursos y de la precarización
de la vida. Son muchos y muchas, de hecho, los y las que hacen referencia al artículo
39 de la Constitución, que prevé que el pueblo tiene el derecho, en cualquier
momento y todas las veces que lo considere necesario, de cambiar la forma del
gobierno y que piensan, por lo tanto de poder utilizar este derecho a la
rebelión.
Por último hay que destacar la
participación de los representantes de la comunidad purépecha de Chéran Keri,
Michoacán, y de la de Huexca, Morelos. Ambas delegaciones, acogidas por una
ovación que simbolizaba un abrazo colectivo, contaron su lucha por la defensa
de la naturaleza, de la tierra y del territorio. En contra de la devastación de
los bosques producida por los mercantes de madera (en muchas ocasiones
mafiosos) y para la autonomía indígena, los primeros; y en contra de la
construcción de un gasoducto y de una central termoeléctrica, los segundos. Los
comuneros de Cherán, además, están pasando por una etapa verdaderamente
constituyente, ya que, tras correr los representantes de las instituciones
locales, se han apropiado del espacio público y han empezado a construir sus
instituciones siguiendo el modelo de la horizontalidad y de la revocabilidad de
los gobernantes típicas de la tradición política indígena, lo cual ya costó la
vida a 15 personas.
Es difícil hacer previsiones sobre la
conclusión del conflicto y la potencia que será capaz de desplegar el
movimiento, sin embargo, hay que reconocerle el importante mérito de haber dado
voz a la protesta social y haber nuevamente puesto en comunicación a las luchas
a escala nacional, lo cual no acontecía desde los tiempos de la Otra Campaña de
2006. Además, el movimiento ha logrado poner la cuestión de la crisis y de la corrupción
de la representación política y, por lo tanto -al menos potencialmente- de la
necesidad de su radical transformación.
[1] El Acuerdo comercial anti-falsificación, más conocido como ACTA por
sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), es una propuesta
para establecer estándares internacionales del cumplimiento de los derechos de
propiedad intelectual. Entre otras muchas cosas el acuerdo afectaría sobremanera
al futuro de Internet, pretende censurar la fuerza imparable que ha supuesto
Internet en el uso compartido de archivos: el acuerdo impondría sanciones
criminales contra los proveedores de servicios de Internet que no censuren a
sus usuarios, convirtiéndolos a la fuerza en policías de Internet. Esto supone
una violación de la libertad de expresión, pero no solo afectaría a Internet:
entre otras cosas, el ACTA dificultaría el acceso de medicamentos genéricos a
los países pobres, etc. Disponiendo de esta manera una camisa de fuerza que
controle y castigue el uso común del conocimiento.
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