lunes, 23 de julio de 2012

Convención Nacional: entre el rechazo a la imposición y el camino a la transformación


Andrea Spotti (Mex)

 “¡Ni la lluvia, ni el viento detienen el movimiento!” Contestaron de esa forma los participantes a la primera Convención Nacional a la inclemencia de Tláloc, el cual- implacable como sólo una deidad puede serlo- tornó húmeda y a momentos hasta mojada la asamblea que reunió en San Salvador Atenco, Estado de México, más de 2500 delegados de 496 organizaciones provenientes de 29 estados del país que luchan para impedir que Enrique Peña Nieto, el candidato de la restauración priista, asuma la Presidencia de la República el próximo primero de diciembre.

La elección del lugar en donde organizar el evento no ha sido casual. En efecto, Atenco, más allá de ser un punto de referencia para las luchas en los últimos años, representa también un precedente por lo menos en dos sentidos. Por un lado, por qué fue exactamente en contra de la comunidad atenquense que, en mayo de 2006, el entonces gobernador Peña Nieto, en complicidad con el gobierno de Vicente Fox, desencadenó una brutal represión la cual costó dos muertos, torturas, violaciones sexuales que todavía hoy siguen impunes, además de años de injusta detención para decenas de militantes. Por el otro, por qué Atenco representa, sobre todo, la dignidad de la resistencia y la posibilidad de la solidaridad y de la victoria. Victoria que los ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) consiguieron en agosto de 2002, cuando, tras meses de lucha, machete en mano, lograron impedir la construcción del nuevo aeropuerto del DF en sus tierras. Atenco nos habla entonces de lo que podría pasar en el país en los próximos años.

La Convención Nacional - impulsada tras los polémicos comicios del primero de julio, en el contexto de las movilizaciones en contra de la presunta victoria de Peña Nieto- se puso dos propósitos fundamentales: construir un frente nacional de lucha en contra del regreso del autoritarismo priísta y dar al movimiento, que nació con los estudiantes de #YoSoy132 y se extendió a otros importantes sectores de la sociedad mexicana, una consistencia organizativa para poder ir más allá de la coyuntura electoral. Para establecer, en otros términos, una agenda política independiente de los plazos institucionales y coordinada en todo el País.
Desde el punto de vista de la participación, lo primero que llama la atención es la gran heterogeneidad de las realidades presentes: representantes de organizaciones estudiantiles, campesinas y de género; asociaciones para los derechos humanos e indígenas, sindicatos e individuos; en suma, una verdadera babel social. Además de #YoSoy132 y el FPDT, se encontraban presentes, el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) y la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), entre otros. Dada la multiplicidad de las proveniencias culturales y políticas, mantener la unidad en las propuestas y en la acción respetando la diversidad es el reto principal de la Convención. Se trata, como ha sido, muchas veces, repetido en las intervenciones, de construir “un movimiento de los movimientos”, “una organización de las organizaciones” para lograr que los objetivos y las prácticas particulares, si bien sean diferentes y localizadas, puedan relacionarse positivamente entre ellas, llegando a constituir un proyecto común que pueda incidir a escala nacional. Las dos jornadas de discusión no han sido para nada fáciles, en efecto, el sábado, en las siete mesas de trabajo, y en la multitudinaria plenaria del domingo, las decisiones fueron en muchas ocasiones el producto de acalorados debates y complejas negociaciones.
Uno de los primeros elementos que emergieron de la discusión fue el grito de dolor de la provincia mexicana, atrapada entre la guerra al narco y la represión: “el DF es una burbuja en el país”, sostiene un activista de Chihuahua que denuncia la dificultad de movilizarse políticamente para quienes viven fuera de la gran metrópoli, bajo el riesgo de la desaparición o la muerte. También la guerra de Calderón y la militarización del territorio son puestas seriamente en discusión por el movimiento que pide en voz alta el regreso de los militares a los cuarteles, además del juicio político al actual presidente, considerado responsable de los más de 60 mil muertos ocasionados por la guerra actual.

Las propuestas para estructurar una campaña nacional con el objetivo de impedir que Peña Nieto sea presidente estuvieron al centro del debate. Desde este punto de vista, hay que subrayar la presencia en el movimiento de una tendencia a la radicalización de las formas de lucha, aun permaneciendo en el ámbito de la protesta pacífica. Sin embargo, sostienen muchas intervenciones, “hay que empezar a hacer daño al adversario”, entendiendo con ello una serie de acciones como bloquear el flujo de la circulación de las mercancías, boicotear las ganancias de las empresas que apoyaron el fraude electoral, sancionar desde abajo a los medios masivos y sobre todo a las televisoras, por trabajar en favor de la imposición de Peña Nieto, hasta proponerse impedir físicamente la toma de posesión con un cerco al congreso. Al final de la asamblea, se estableció un calendario de lucha, a cadencia casi semanal, que junta iniciativas centralizadas con otras locales llevadas a cabo de forma simultánea en todo el país.
Dentro del ciclo de movilizaciones destacan las siguientes: las marchas nacionales del 22 de julio y del 11 de agosto en el DF, la muy discutida toma o bloqueo pacifico de Televisa el 27 de julio, dos días de lucha nacional el 1 y el 6 de septiembre, un paro cívico y una huelga estudiantil el 2 de octubre; además, el cerco al congreso el 1 de diciembre. Hay que recordar también la reunión operativa que se llevará a cabo el próximo 4 de agosto en Jalisco y la II Convención Nacional que reunirá de nuevo a las organizaciones en Oaxaca el 22 y el 23 de septiembre.

Durante la asamblea plenaria del domingo se hizo hincapié en que la lucha en contra de la imposición de EPN (Enrique Peña Nieto)  no soluciona las demandas de transformación del movimiento y que las reivindicaciones que él expresa van mucho más allá del ámbito electoral y partidista. La gran mayoría de los participantes, de hecho, se declara apartidista y desconfía abiertamente de todos los partidos, incluyendo los de la izquierda institucional, los cuales son considerados igualmente dañinos y represivos que las demás fuerzas políticas. El objetivo principal de las observaciones críticas de la asamblea es el sistema económico vigente. Según la Convención, el neoliberalismo - que quita recursos a lo común para transformarlos en ganancias- es la causa de la exclusión y la pobreza presentes en México, por lo que se tendría que empezar por cambiar su  propia lógica para transformar la sociedad. El repudio, entonces, no es sólo hacia Peña Nieto, es un rechazo general a las reformas estructurales que obedecen a los intereses del capital financiero global (trabajo, escuela, energía, gasto público) que él representa, las cuales de concretarse no producirían otra cosa que un ulterior apretón de tuerca al de por sí ya frágil y raquítico Welfare State mexicano.

La democratización de los medios de comunicación, la oposición al ACTA[1] recién firmado por el gobierno y el derecho a Internet; la reforma de la instrucción para garantizar el derecho de estudio a todos y no solamente a una minoría; la defensa de los bienes comunes y la tasación de las transacciones financieras; la defensa de la soberanía alimentaria y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas; la suspensión del pago de la deuda exterior y la abrogación de los tratados de libre comercio, junto con el reconocimiento de los derechos civiles al movimiento LGBT, representan tan solo algunos de los elementos de un proceso organizativo que parece querer ir más allá de conflicto poselectoral para constituirse como una oposición social duradera, dispuesta a dar la batalla en contra de la privatización de los recursos y de la precarización de la vida. Son muchos y muchas, de hecho, los y las que hacen referencia al artículo 39 de la Constitución, que prevé que el pueblo tiene el derecho, en cualquier momento y todas las veces que lo considere necesario, de cambiar la forma del gobierno y que piensan, por lo tanto de poder utilizar este derecho a la rebelión.
Por último hay que destacar la participación de los representantes de la comunidad purépecha de Chéran Keri, Michoacán, y de la de Huexca, Morelos. Ambas delegaciones, acogidas por una ovación que simbolizaba un abrazo colectivo, contaron su lucha por la defensa de la naturaleza, de la tierra y del territorio. En contra de la devastación de los bosques producida por los mercantes de madera (en muchas ocasiones mafiosos) y para la autonomía indígena, los primeros; y en contra de la construcción de un gasoducto y de una central termoeléctrica, los segundos. Los comuneros de Cherán, además, están pasando por una etapa verdaderamente constituyente, ya que, tras correr los representantes de las instituciones locales, se han apropiado del espacio público y han empezado a construir sus instituciones siguiendo el modelo de la horizontalidad y de la revocabilidad de los gobernantes típicas de la tradición política indígena, lo cual ya costó la vida a 15 personas.

Es difícil hacer previsiones sobre la conclusión del conflicto y la potencia que será capaz de desplegar el movimiento, sin embargo, hay que reconocerle el importante mérito de haber dado voz a la protesta social y haber nuevamente puesto en comunicación a las luchas a escala nacional, lo cual no acontecía desde los tiempos de la Otra Campaña de 2006. Además, el movimiento ha logrado poner la cuestión de la crisis y de la corrupción de la representación política y, por lo tanto -al menos potencialmente- de la necesidad de su radical transformación.



[1] El Acuerdo comercial anti-falsificación, más conocido como ACTA por sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), es una propuesta para establecer estándares internacionales del cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Entre otras muchas cosas el acuerdo afectaría sobremanera al futuro de Internet, pretende censurar la fuerza imparable que ha supuesto Internet en el uso compartido de archivos: el acuerdo impondría sanciones criminales contra los proveedores de servicios de Internet que no censuren a sus usuarios, convirtiéndolos a la fuerza en policías de Internet. Esto supone una violación de la libertad de expresión, pero no solo afectaría a Internet: entre otras cosas, el ACTA dificultaría el acceso de medicamentos genéricos a los países pobres, etc. Disponiendo de esta manera una camisa de fuerza que controle y castigue el uso común del conocimiento.

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