El 13S como vacío de la governance kirchnerista

Cesar Altamira (ARG)

La coyuntura política

            El último jueves 13 de septiembre -13S- se realizaron manifestaciones con cacerolas en varias ciudades del país. La mayor movilización fue la de Capital Federal donde miles de manifestantes llegaron hasta Plaza de Mayo con fuerte presencia juvenil. Desde varias esquinas de la ciudad fueron formándose grupos, sobre todo en barrios del norte porteño, que confluyeron en el centro. El Obelisco y la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, fueron los lugares más concurridos. También se produjeron manifestaciones en el interior de las provincias y sus capitales, Salta, Tucumán, Rosario, Córdoba, Misiones, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Bariloche, Bahía Blanca, Carlos Paz, Rio Cuarto.

            La convocatoria a la movilización se realizó desde diferentes redes sociales facebook, tweeter, cadenas de mails y de servicios de telefonía (Blackberry, Whatsapp). Las consignas fueron muy diversas: el rechazo a la idea de la reforma de la Constitución Nacional y a la “re-reelección”, "contra el abuso de la Cadena Nacional”, “No tenemos miedo”, “Boudou miente”, “Basta de corrupción”, “No al aborto”, “Queremos libertad de expresión”, “Por las libertades públicas”. El conjunto constituyó un vario pinto de reclamos  fragmentarios que contrastó por su masividad y variedad de reclamos con los cacerolazos anteriores. Sin expresar un proyecto ni reconocer un líder, el descontento que se expresara en las calles exige un abordaje que nos aleje de la coyuntura inmediata para encuadrarlo en el ciclo de luchas abierto a partir del 2001. Todo otro análisis se presenta como limitado, de horizonte corto y evade el dato político central del momento: la crisis de representatividad, expresión de una más profunda, aquella de la relación salarial y del constitucionalismo contractualista existente en nuestro país hasta mediados de los 70's. 

            La masividad y extensión geográfica de la respuesta fue inesperada. Si bien se conocía, la convocatoria sorprendió a propios y extraños. Como en geografías distantes (desde las riberas mediterráneas árabes hasta las ciudades españolas y griegas, en Occupy WS y en Wisconsin) las redes sociales confirmaron el enorme poder y la efectividad y productividad política en tanto mecanismo de convocatoria y de movilización social. También, como expresión de nuevos instrumentos movilizatorios que han llegado para quedarse, reemplazando y compitiendo aún con las viejas instituciones partidarias y sindicales. La carencia de aparatos institucionales y la movilización a partir de la propia voluntad de las múltiples singularidades expresa la crisis de las mediaciones políticas que ya se había manifestado el 19-20D.

            Ni oficialismo ni oposición comprenden el fenómeno. Ambos aceptan, a fuerza de haberse vuelto un lugar común, los cortes de ruta y las marchas tras los reclamos de planes sociales que mitiguen la pobreza, las protestas sindicales o las mismas huelgas de los servicios públicos como fuera recientemente el caso de los Subterráneos o Ferrocarriles. Sin embargo, les cuesta entender que grupos de ciudadanos, de trabajadores sin representación, auto-representados se unan, protesten y se movilicen de manera espontánea, sin su "permiso". Permanecen atados a estructuras políticas  que no se corresponden con los cambios que el capitalismo produjera en la periferia y en el centro. El Gobierno interpretó los hechos con la lógica binaria que incentivó las protestas, dialéctica de la gubermentalidad que lo condujo al lugar común esperado: organizar una próxima concentración de adhesión a la Presidenta, emulando aquella "Plaza del sí", que en los 90´s se organizó para sacar a Menem de una depresión.

 

Crisis de la relación salarial, representatividad y governance

            ¿Cómo dar cuenta de esta movilización callejera, pacífica, masiva, independiente de los partidos políticos y de instituciones religiosas o culturales, cuando no ha transcurrido un año de las últimas elecciones donde Cristina Kirchner obtuvo el 54 % de los votos? Un análisis simplista y periodístico, aunque no menos realista, aconsejaría mirar hacia la impunidad de un vicepresidente envuelto en hechos de corrupción, al rechazo a la idea de  una "Cristina Eterna", a la ambivalencia de un discurso oficial que niega la inflación, al cansancio y fatiga que muestra un sector social ante la creciente frecuencia de los discursos presidenciales autorreferenciales, más cercanos a los sermones, que no reconocen errores.

           

            Dejemos de lado este decálogo de razones para avanzar en lo que entendemos la médula del proceso. Hoy las nociones de “representación”, “soberanía popular” e “interés colectivo” como dogmas iluministas van perdiendo relevancia política. Los partidos políticos se ven  deslegitimados dado que las democracias son dominadas por la llamada “nueva clase capitalista transnacional” que controla los procesos de globalización desde las alturas de las torres de cristal de metrópolis como Nueva York, Washington, Londres, Frankfurt, Nueva Delhi o Shanghái. Han dejado de ser vehículos de representación política sostenidos por militantes y electores. Los procesos de globalización vuelven improbable la conservación de los mecanismos de la democracia que son sustituidos por formas de ejercicio del poder concentradas en manos de expertos. El poder ejecutivo –con un Congreso desprovisto de funciones autónomas– reemplaza a la que un tiempo era la voluntad del "pueblo soberano". En consecuencia, no hay participación activa de los ciudadanos y decae su sentido de pertenencia a una comunidad civil y democrática.

            La crisis penetra y desarma la organización en términos de opuestos (UNO-pueblo) propios de la soberanía de la era moderna. La organización social, los principios de justicia y el propio sistema de poder están en discusión. La subsunción real del trabajo por el capital que se manifiesta en la actualidad implica que los componentes de la sociedad que pudieran presentarse separadamente se resuelven ahora en un solo proceso de producción. No existen formas de producción independiente que puedan subsistir autónomamente. La crítica jurídica contemporánea ya no podrá ejercerse en términos binarios (sociedad-estado, base-superestructura, adentro-afuera) en la medida que la representación política democrática ya no funciona. El mecanismo de mediación de los conflictos sociales, propio del fordismo, típico dispositivo disciplinario foucaultiano, que buscaba resolver los conflictos en términos de una formalidad democrática, ha dejado de funcionar.

            Son variadas las formas en las que se expresa  esta crisis de representación en nuestro país: la sobreexposición del ejecutivo y la dominación del legislativo por parte de éste; las distorsiones y bloqueos que las corporaciones han producido en los mecanismos de representación; la banalización de los hechos de corrupción administrativa. Pero la crisis también se manifiesta en el paulatino abandono de los espacios oficiales de la representación (gobierno y legislativo)  frente a la expansión sin límites de los nuevos espacios públicos, definidos o alcanzada por los llamados "mass media". Si bien algunos de estos aspectos de la crisis de representación es reconocida por gobierno y oposición, unos y otros siguen apostando a una modalidad de distribución del poder y del gobierno asentada en la gubermentalidad foucaultiana, propia de sociedades disciplinarias, desconociendo las formas que adoptan en las nuevas sociedades de control. Se naturaliza el modelo estatal keynesiano, el estado benefactor y la soberanía estatal fordista. Al dejar de lado la necesaria historicidad de los procesos sociales y el análisis situado, el discurso se deslegitima y se vuelve improductivo. 

            Nos encontramos frente a cambios en la forma de la estatalidad contemporánea derivados de una reorganización del poder que pone en discusión nuevos criterios de legitimación, diferente e independiente de aquellos tradicionales asociados a la forma de la representación. Lo que está en discusión, con relación al concepto de soberanía, es la capacidad del UNO para comandar políticamente y organizar la sociedad. Dicho de otra manera, el interrogante es si la figura del Leviatán cumple la función unitaria contractual e institucional ante la anarquía social y la multitud de sujetos propio de la nueva etapa. La pregunta que surge es: ¿qué alternativa contemporánea tenemos ante el fetiche de la soberanía, como concepto de gobierno en la modernidad? Es la ilegitimidad generada por la resistencia social difusa, por el rechazo y abstencionismo presentes y la explosión de las relaciones sociales lo que provoca la crisis de gubermentalidad. El quiebre de la soberanía estatal que acompaña a la crisis del fordismo supone reconocer la crisis de la gubermentalidad, su deconstitucionalización  y la necesidad de la puesta en práctica de nuevos dispositivos de comando.

           

            En palabras de Foucault se trata del tránsito de la producción de las leyes a la de normas o sistemas. No se trata de la intromisión de las leyes en la vida diaria  bajo formas coercitivas, ni tampoco simplemente disciplinarias. Se trata de una nueva dinámica de sistemas que interviene en la fábrica de la realidad social y que transforma las leyes de la máquina disciplinaria en un aparato de control y de governance. Frente a la crisis de la representatividad, la governance capitalista da cuenta de los nuevos mecanismos de mediación, categoría política que no se referencia en mediaciones trascendentales ni en esquemas fijos, ni puede ser asimilada a la moderna versión de la razón de estado. Son formas aleatorias de gobierno sobre las contingencias a través de procesos legales; suerte de constitucionalización sin estado que no restaura el régimen de representación de los regímenes republicanos de tolerancia. Busca crear un orden sin representación. No salda la crisis, sino que la gestiona. Bien puede decirse que la governance es un espacio de conflicto y de lucha entre el poder de la soberanía y el contrapoder de lo social. Queda claro que los dispositivos de governance no configuran procesos uniformes ni homogéneos. El proceso de construcción de la governance supone avances y retrocesos dependiendo de la coyuntura que modula su construcción, razón que vuelve difícil pronosticar su consolidación. En todo caso parece más plausible analizar en la coyuntura el estadio transitorio y situado de la governance, es decir su estado materialmente existente.

De la "transversalidad" a la gubermentalidad. Y ahora...?

            La política llevada a cabo por el kirchnerismo durante los primeros años de gobierno, conocida con el nombre de transversalidad nos permite hablar de una governance como gestión de la crisis que estalló en el 2001. Dicha gestión consistió en la relación y articulación de las políticas de gobierno con los movimientos sociales que fueran promotores  fundamentales de la crisis del 2001. La incorporación en áreas de gobierno de miembros de los organismos de DDHH y de los movimientos sociales puede asimilarse a lo que se ha llamado constitucionalismo sin estado: prácticas gubernamentales que sin necesidad de respaldo jurídico disparan o gatillan un sinnúmero de dispositivos y acciones de gobierno que, asociadas a políticas sociales, buscaron aliviar las condiciones de vida de los pobres y desocupados del conurbano. Se construyeron espacios políticos de interacción con una sociedad que había modificado su comportamiento con relación al pasado. Incluso con aquellos movimientos que no se reconocían como justicialistas. Se acordaron modalidades de distribución del nuevo workfare; un particular direccionamiento de las ayudas; la elección política de los interlocutores sociales; la determinación, oportunidad y elección de los objetivos políticos de las movilizaciones sociales así como la elección conjunta de las geografías asignadas para los planes sociales. No pocos interlocutores del gobierno, incluido el mismo Kirchner, construyeron espacios de diálogo y recomendaciones-determinaciones para el accionar movimientista. Aunque debemos puntualizar que no se trataba de la construcción de espacios de consenso, utopía política imposible de alcanzar en época de multitudes.

            Esta governance kirchnerista en construcción será dinamitada por el propio gobierno desde el año 2006 al definir el marco de alianzas para las elecciones presidenciales del 2007, privilegiando como interlocutor al Partido Justicialista y a los intendentes del conurbano bonaerense. Fue el propio Kirchner quien comunicó a los movimientos sociales esta resolución. Este hecho marca el quiebre de la governance en construcción y el regreso a la vieja gubermentalidad que se verá reforzada luego del conflicto con el campo en 2008. El gobierno de Cristina Kirchner se ha mostrado refractario a recomponer la governance. Más aún, los signos de debilitamiento del llamado "modelo" llevaron al gobierno a profundizar la gubermentalidad reemplazando al Partido Justicialista por la agrupación kirchnerista La Cámpora que, como burocracia orgánica de estado, gestiona y funciona como comisario político al interior del gobierno. Hoy el gobierno de Cristina Fernández intenta ampliar esa política con algunos movimientos territoriales incorporados al entorno oficial tras la consigna Unidos y Organizados.  Mientras tanto la re-reelección presidencial extrema el costado más conservador de la Constitución existente. Una iniciativa similar fue propuesta por el conservadurismo nacional como durante el menemismo con el objetivo de “transformar” la sociedad.

            Tras los intentos de re-reelección el kirchnerismo parece apostar a que el destino de la sociedad dependa de alguna figura esclarecida y no de la sumatoria de las múltiples voluntades soberanas y democráticas como expresión de una multitud emancipada, capaz de construir una democracia radical a partir de la edificación de un espacio político común. Su discurso de realizaciones autoreferenciadas remite inmediatamente a las prácticas de la representatividad donde los avances políticos no se asocian a las luchas y a la resistencia social, sino a la acción de un poder trascendente. Esta modalidad de construcción desarticula la resistencia desde abajo fomentando la delegación del poder y la anomia social.

            Los intentos de reforma constitucional lanzados en los últimos días, excusa para permitir filtrar en la propuesta la re-reelección de la actual presidente, consumarían la expropiación del poder político-social que las múltiples singularidades pudieran construir al calor de las movilizaciones. Explícitamente así lo manifiesta la última Carta Abierta, que es la expresión de la intelectualidad kirchnerista: "Rediseñar las magnas normas para que coincidan con los procesos de transformación que suceden en varios países de la región viabilizando..., la eventual continuidad democrática de liderazgos cuando estos aparecen como condición de esta inédita etapa regional".  Más allá de que estos intelectuales convocan a discutir desde "abajo", esto conducirá inevitablemente al  reforzamiento del UNO. A diferencia de la reforma constitucional boliviana esta propuesta pretende reforzar el UNO confiscando el Poder Constituyente en construcción.

            Este no se limita al 13S. Se destacan la masiva resistencia a las explotaciones mineras que en diferentes geografías se oponen a la acumulación por desposesión, las variadas luchas que los diferentes movimientos aún porfiadamente mantienen a nivel territorial, los intentos de los desposeídos por mantener espacios de producción y reproducción de la vida cotidiana que han ganado centralidad como nunca antes y que persisten tozudamente arraigadas en territorios de pobreza, las batallas que en los diferentes lugares de trabajo sostienen los trabajadores por la democratización de las relaciones laborales y sindicales, las luchas de resistencia de aquellos trabajadores autónomos por salir de la precariedad laboral, la de los inmigrantes esclavizados en los talleres de costura y producción de vestimentas para las grandes firmas. En fin, se trata de la creación de nuevas subjetividades que desean y son capaces de construir relaciones verdaderamente democráticas. Prácticas todas que anticipan formas sobre cómo crear, producir y vivir en una nueva sociedad.