El común y la expropiación de YPF         

Cesar Altamira

(Argentina)

           

            En Argentina, luego de la crisis e insurrección del 2001 que terminara definitivamente con las políticas neoliberales en el país, y, en particular desde el 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner (NK), se inauguró una etapa que despertó esperanzas de cambio. Las políticas económicas del gobierno de NK inicialmente, y luego las de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, revirtieron paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Cambio de rumbo que no solo se dieron en Argentina, sino también en la mayoría de los países latinoamericanos, con la especificidad propia de cada uno de ellos. Aunque, debemos reconocer en el marco de esa diversidad, que no se trata de un tránsito postcapitalista, sino, más bien, de avances de lo que se ha dado en llamar el progresismo político, con las ambivalencias y dificultades que este calificativo conlleva. No intentamos precisar este concepto sino  destacar el riesgo de que este progresismo quede atrapado en los límites y contradicciones de una modernización capitalista próxima al viejo desarrollismo, a la que el regreso del estado le resulta funcional. La gestión de los recursos naturales, si bien forman parte del común, al ser incorporados bajo la órbita del estado proyectan la fantasía de ser propiedad estatal escondiendo el ser propiedad de todos. Sin embargo, a pesar de ello, importa inicialmente que el estado ha recuperado espacios de gestión perdidos y que se proyecta  como un actor importante en la economía argentina, que ha impuesto una mayor vigencia de la política fiscal,  medidas de políticas sociales y de derechos humanos impensadas en otras épocas, mayor autonomía financiera internacional y un particular impulso a políticas de fortalecimiento de la región en su integración al mundo globalizado (UNASUR, MERCOSUR, CELAC, etc)

            En ese marco, la reapropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en poder de la multinacional Repsol es un avance. Sería de una ceguera inadmisible no registrar este cambio, aunque hay que observarlo con mucha cautela porque quienes apoyaron la privatización del petróleo en los 90´s, son quienes hoy se rasgan las vestiduras con la expropiación. Los funcionarios que intervinieron YPF son los que autorizaron las medidas necesarias para que Repsol pudiera  saquear las reservas petroleras. Si bien celebramos la medida, creemos que debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético, que se ha circunscripto hasta ahora a un abordaje económico, dejando de lado las cuestiones ambientales y sociales y quizás, el más importante, soslayando la gestión del  bien común, focalizándose únicamente en el por qué y el cómo. El por qué de la medida, según el proyecto de ley, propone alcanzar el autoabastecimiento energético y el equilibrio de la balanza comercial. El cómo, pareciera ser la explotación de los cuestionados yacimientos no convencionales (shale gas, ver documento http://www.opsur.org.ar/blog/2012/04/19/fractura-expuesta/)

            Las medidas desregulatorias y privatizadoras implementadas en la década de 1990 negaron el carácter estratégico de los hidrocarburos concibiéndolos como  commodities lo que -asociado a la frágil situación económica de las provincias- tendió a agigantar la capacidad de chantaje de las operadoras privadas. Para ejemplificar, cuando se prorrogó el vencimiento de la concesión de explotación del área “Loma La Lata-Sierra Barrosa”(2001),  la empresa Repsol-YPF contaba con una facturación anual de US$ 27.000 millones, mientras que los ingresos anuales de la provincia de Neuquén no excedían US$ 1.100 millones.

            Si bien Repsol se presenta  socialmente como una empresa productiva dedicada a la explotación del petróleo, tiene el grueso de su capital distribuido en las grandes Bolsas del mundo, sobre todo en sociedades fantasmas de paraísos fiscales y creció aceleradamente como empresa internacional a partir de los recursos extraídos del subsuelo argentino, que significaron la fuente de financiación principal para su conversión en la empresa que es hoy.  La composición accionaria de Repsol pone de manifiesto la permanente alianza-fusión y coexistencia entre el llamado capital financiero y el capital productivo, cuestionando la idea tan difundida de su oposición, uno como provechoso y el otro como parasitario.

            No se nos escapa que la medida de estatización rescata para el imaginario social símbolos muy sentidos por la sociedad -la idea de una empresa de bandera que fuera pionera en la explotación petrolera hasta su privatización, asociada al proceso de industrialización nacional y a  las figuras de Irigoyen, Mosconi, Perón, Illía etc. Estas ideas son también muy caras al movimiento piquetero iniciado en Cutralco, Provincia de Neuquen, seguido casi inmediatamente por las luchas en General Mosconi en Salta,  todos procesos de resistencia biopolítica, que fueron la respuesta al proceso de vaciamiento y masiva desocupación de YPF luego de la privatización. No puede pensarse la expropiación reciente de YPF sin analizar, conjuntamente, la lucha de los desocupados de Cutralco, General Mosconi, Zapla, primeras resistencias piqueteras que habrían de marcar el camino en una nueva modalidad de lucha en el país.

             Sin embargo, se debe reconocer que con esta medida el gobierno recupera la iniciativa política y el control de la agenda pública, el manejo de los tiempos y la definición de los problemas teniendo en cuenta que  la realidad le había cambiado la agenda en los últimos meses. En efecto, a pesar del 54 % de votos de las elecciones últimas, la resistencia de los pueblos mineros contra la megaminería, la tragedia ferroviaria en la estación Once, así como las desatinadas menciones de CFK a las luchas de los docentes, a los cortes de ruta y a los llamados a la moderación salarial en aras de la competitividad, habían colocado al gobierno a la defensiva. En ese contexto se proyectaba una imagen de incertidumbre en cuanto al rumbo general de áreas sensibles para una sociedad experimentada y desconfiada. Todo parece indicar, luego de los anuncios de la expropiación y a partir del apoyo social recibido, que el gobierno apunta (lo indica el último acto en Velez) a la construcción de un movimiento asentado en tropa exclusiva,  controlada y de fidelidad absoluta, relegando, al menos por ahora, a un segundo plano, el peso del peronismo tradicional, su estructura partidaria y el sindicalismo que hasta estos días le resultaba fiel.

            Debemos igualmente advertir que esta medida fue impulsada por la fuerte caída de producción hidrocarburífera y su contrapartida, la importación de energía, que aumentó de manera explosiva de 4.500 millones de dólares en el 2010 a 9.400 en 2011. Alguna estimaciones valúan esas necesidades para el año en curso en no menos de 12.000 millones de dólares, cifra más que significativa para unas finanzas públicas que ya no nadan en la abundancia. La introducción de una gestión estatal de la empresa resulta una medida necesaria, si de lo que se trata es revertir la posibilidad casi inminente de una crisis energética en ciernes. Pero constituye tan solo un punto de partida para recuperar los recursos petroleros. Durante una década Repsol lideró el vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones pre-existentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma escandalosa. La expropiación de Repsol-YPF fue anunciado como un acto  de soberanía nacional. Sin embargo, como ha sido reconocido oficialmente, se mantiene como socios a la Banca Lazard, al grupo Petersen,  Goldman & Sachs mientras se busca nuevos socios para YPF en el club de empresas multinacionales de explotación y exploración del petroleo -la francesa Total, las norteamericanas ESSO y Chevron y la china SINOPEC- y se mantiene el 70 % de la producción  petrolífera y gasífera en manos de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales. 

           

            Lo sustantivo en las distintas variantes de política petrolera que impulsa el gobierno reside en la disputa por la apropiación de la renta diferencial petrolera valuada en cerca de 13000 millones de U$S anuales, diferencia entre el costo interno del barril de petróleo y el precio internacional. Tratándose de un recurso natural y por tanto de un bien común,  debe ser la sociedad, sin delegación de poderes en alguna representatividad, quien decida sobre la distribución de la renta petrolera. Las dudas permanecen planteadas, aun aceptando una decisión estatal, ya que permanecen vigentes tanto el marco regulatorio de explotación petrolífera -que autoriza a las empresas petroleras a la libre disponibilidad del crudo en boca de pozo, a la capacidad de manejarlo en forma desregulada- como la existencia de contratos terriblemente onerosos que fueron prorrogados por el propio NK en el 2007 antes de su vencimiento.

            Como dato regional todo indica que en los últimos tiempos ha surgido y se ha afianzado una nueva alternativa  en América Latina como proyecto de diálogo político que excluye a Canadá y a los EEUU. La última cumbre de presidentes en Cartagena demuestra que ya no habrá nuevas cumbres sin la presencia de Cuba. Habla de nuevos tiempos, aunque no quiere decir que esté asegurada la resolución de viejos problemas de la región sin la presencia de obstáculos y disidencias. Pone en evidencia los nuevos cambios políticos de la región, transformación que  motiva la necesidad de recrear y recuperar proyectos que profundicen la integración energética. Creemos necesario impulsar desde los destacamentos nacionales un debate profundo de ideas donde pensemos más en términos regionales que nacionales y emocionales. Que sin volver al pasado recree las condiciones de proyectos innovadores, creativos y emancipadores. Las dificultades que objetivamente se plantean a YPF para encarar las enormes inversiones que se requieren para alcanzar el autoabastecimiento hidrocarburífero potencian la necesidad de acuerdos regionales en esa materia promoviendo el aunar esfuerzos entre las grandes empresas petrolera latinoamericanas PDVSA, PETROBRAS de manera que la matriz energética pueda ocupar el lugar que la explotación del hierro y acero jugara en su momento con la Europa de los 50´s y 60´s.  El problema del petróleo ofrece una gran  oportunidad para pensar en forma regional  y en términos de un proyecto compartido latinoamericano,  no solo respecto del  autoabastecimiento  argentino.

            La IV Cumbre del BRICS realizada el 28 y 29 de marzo pasado en Nueva Delhi, puede representar una instancia de cambio global, con repercusión sobre América Latina,  indicador de un momento transformador:  los jefes de Estado de Brasil, Rusia, China, Sudáfrica e India decidieron impulsar la creación de un banco de desarrollo de los cinco países como reflejo del peso adquirido por el grupo en la economía mundial pero también como una reacción ante la negativa de los Estados Unidos y la Unión Europea de soltar el control del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La creación de un “banco del BRICS” permitiría a estos países contar con recursos para obras de infraestructura e instrumentos de crédito para afrontar crisis financieras como lo hace  Europa.

            Dos fueron los proyectos integradores propuestos  para impulsar  el MERCOSUR: el banco del Sur y el Gasoducto del Sur. Ambos entraron en un cono de sombra. La paralización del proyecto del  Banco del Sur respondió más a la rivalidad y competencia no resuelta entre Venezuela, Brasil y Argentina que a la existencia de obstáculos reales. Más allá de los escollos que significa la continuidad  del BANDES brasileño y del que Itamaraty no está dispuesto a desprenderse. Con relación al Gasoducto del sur, éste pareció entrar en desgracia frente a las  inconsistencias técnicas asociadas a su construcción. Por su parte Brasil sigue liderando políticamente el Mercosur mediante una  geopolítica articulada alrededor del impulso del bloque Sur-Sur, las alianzas con la China, India y Sudáfrica y los acuerdos comerciales con el grupo de los 20 (OMC). Con relación al Banco del Sur la predisposición mayor de los gobiernos coincidió con la ruptura de K con el FMI y el entierro del ALCA luego de la cumbre de Mar del Plata. Luego de ello el proceso de mayor independencia y la apuesta a una interdependencia se habrían debilitado, o al menos entrado en un impasse. Ecuador impulsa el CAN (Comunidad Andina de Naciones) junto con Perú, Colombia y Bolivia. 

 Por la alternativa del común: ni privatistas ni estatistas.        

Plantear que el petróleo como recurso natural es un bien común significa entender su uso en términos opuestos a los de  privatización y  explotación. Aunque oponerse a la privatización no supone retornar a la gestión pública estatal-burocrática, autoritaria y corrupta.  Reconocer un recurso como bien común implica, desde la perspectiva a la que adherimos, rechazar que  los aparatos estatales sean quienes lo administren, ya que tanto la lógica privatista, propia del individualismo posesivo, como la gestión estatal se encuentran ambas alineadas con un criterio tecnocrático y cuantitativo de  acumulación, opuesto a la modalidad de recurso natural.

            La estatización funciona en el imaginario social como propiedad del estado que -como buen Leviatan-  vela por el bien común en su administración. No es percibida como delegación de la gestión de lo que es propiedad de todos, y que por lo tanto puede recuperarse en cualquier momento.  Por otro lado, la estatización tampoco garantiza la independencia política respecto a  las presiones y/o sugerencias del capital nacional e internacional,  como lo demuestran México o Arabia Saudita, donde las petroleras, a pesar de ser íntegramente estatales, desarrollan políticas fuertemente influenciadas por las grandes potencias mundiales capitalistas. La YPF estatal por su parte, antes de la privatización, vendía petróleo subsidiado a Esso y Shell y estaba sometida a especulación por parte de los sectores dominantes. Durante los ’70, a pesar del incremento de los precios internacionales, fue una de las empresas que tomó más deuda, evidenciando que la simple estatización no significa garantía de emancipación.

            Si miramos hacia la región observamos que la lucha por los bienes comunes, los recursos naturales,  está en el primer lugar de la agenda. Desde México hasta Chile, y Argentina pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil  los movimientos se encuentran en pie de guerra contra la explotación desmedida y rapaz. En nuestro país pareciera que las multinacionales mineras del noroeste se encuentran en una  encerrona capaz de ocasionarles una gran derrota. Son pequeños grupos y  asambleas ciudadanas  de pueblos y  lugares remotos de la cordillera, los que han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Ello se debe al tesón y terquedad en la lucha, que en algún momento rinde frutos. Se trata de una acción política desplegada desde los márgenes, por los movimientos y a partir de la politización de sus diferencias sociales y culturales, o sea, de sus modos de vida. Una acción política de los excluidos y postergados que se relaciona con la crisis de representación, o, dicho de otra forma, con la presencia activa de los representados. Donde la representación creada por el capitalismo e integrada a la forma Estado, atraviesa una crisis profunda. Estamos en presencia de formas de acción política originadas desde abajo y a la izquierda, desde el sótano cuya consistencia es su no estatalidad: no solamente rechazan al estado sino  que su dinámica adquiere forma no estatales. Estos movimientos recorren su camino constituyendo por sí mismos un proyecto de sociedad.

Se requiere avanzar en la institución del común,  en línea con la gestión y gobierno participativo, cooperativo, capaz de incorporar, mediante nuevos instrumentos, originales comunidades de usuarios y trabajadores en esa perspectiva. Esto exige romper con aquel análisis rígido y reduccionista (propiedad privada vs propiedad pública) y con aquella práctica social vinculada a la concentración del poder propia de la estructura de la propiedad privada (mercado) y de la propiedad estatal (soberanía estatal).  Mientras las estructuras privadas concentran el poder de decisión y/o de exclusión en el sujeto propietario titular o en algún consejo administrador, las estructuras públicas agrupan el poder de exclusión o inclusión en el vértice de una jerarquía soberana asociada a la soberanía territorial y a su administración política. Los bienes comunes, el común, así abordados, expresan, por el contrario, un tipo de propiedad antagónica al par público-privado, estado-mercado.

            Si partimos de la necesidad de preservar en cuanto se pueda y en las mejores condiciones los bienes comunes, en sustitución del proceso de acumulación motorizado por los beneficios, entonces, el dogma desarrollista que los acompaña explosionará rápidamente. Debemos ser capaces de modificar nuestra comprensión anclada en conceptos binarios (público vs privado) y de una representatividad trascendente, regidos por los tiempos lineales de la producción capitalista que ya no condicen con los nuevos tiempos capitalistas. En última instancia, a partir de la propia práctica política de los movimientos ser capaces de pensar y actuar sin Estado. Ahí está nuestro desafío y nuestra alternativa a construir.